Colombia- Tribunal Internacional de Opinión “Por la defensa de los bienes comunes”

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Este 21 y 22 de noviembre la Corporación Jurídica Libertad, con el apoyo de Paz con Dignidad celebrará el Tribunal Internacional de Opinión (TIO). Este es un mecanismo de carácter extrajudicial impulsado por sectores de la sociedad preocupados por la impunidad sobre los crímenes de Estado y la vulneración de los derechos individuales, colectivos y de pueblos. Se inspira en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo internacional no gubernamental instaurado en 1979 que tiene como objetivo transformar en permanente la función iniciada por el Tribunal Russell en 1966 y 1967.

En esta ocasión el juez internacional invitado será Gonzalo Fernández, investigador del Observatorio de Multinacionales en Latinoamerica.

Las decisiones del tribunal no son vinculantes sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para que juzgue las situaciones de injusticia, barbarie o desconocimiento de los derechos por parte de los Estados o las grandes corporaciones que controlan los territorios, los bienes comunes y los propios gobiernos. Desde su nacimiento el TPP ha juzgado varios Estados, dictaduras y empresas transnacionales como: las políticas del FMI y del BM (Berlín 1988; Madrid 1994); las corporaciones transnacionales y las industrias textiles, del vestido y de la indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el medioambiente (Bruselas, 1998); las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001); las políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina (Viena, 2006; Lima 2008), entre otras. Colombia ha sido objeto de examen y enjuiciamiento en dos ocasiones: entre 1989 y 1991 se enjuicio la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, en un ciclo de audiencias que involucró a doce países de América Latina y que tuvo la sesión final deliberante en Bogotá del 22 al 25 de abril de 1991. La segunda ocasión fue entre los años 2006 y 2008 cuando se enjuicio a empresas transnacionales responsables de violación a los derechos humanos. Tuvo la sesión final en Bogotá entre el 21 y 23 de julio de 2008.

Desafortunadamente la grave, permanente y sistemática vulneración de los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos en todo el mundo, ha llevado a que el TPP tenga solicitudes permanentes en varias partes del mundo, las cuales no siempre puede atender por factores de tipo político y económico ya que depende exclusivamente de la voluntad de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que lo impulsen. Por esta razón se ha creado un mecanismo intermedio conocido como TIO: Tribunal Internacional de Opinión impulsado por organizaciones sociales que juzgan situaciones particulares en sus territorios. En Colombia se han impulsado TIOS para juzgar temas como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el despojo de los territorios, las masacres y ejecuciones extrajudiciales, entre otras.

¿Por qué un nuevo TIO en Antioquia?

Del departamento de Antioquia tiene una amplia historia de resistencia social y política. Cuenta con organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, víctimas, ambientalistas, barriales, comunitarias, de derechos humanos, entre muchas otras. En parte ello explica la concentración de la violencia social y política, además de la violencia derivada del conflicto armado en este territorio. La élite política, económica y militar que tienen grandes intereses sobre el territorio y los bienes comunes, han acudido a formas legales ilegales de persecución y vulneración de los derechos contra los líderes, lideresas sociales, las comunidades y los procesos organizativos. Miles de personas han sido asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas, judicializas, o sometidas a otras modalidades de agresión, para evitar las trasformaciones sociales, políticas y económicas impulsadas desde los procesos organizativos.

La mayoría de estos crímenes se encuentran en la impunidad pese a que existen certezas o evidencias de la responsabilidad en los mismos por parte de agentes estatales, instituciones gubernamentales o particulares que actúan arropados por el manto de dicha impunidad.

Por ello, las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen presencia en el territorio han decidido impulsar esta iniciativa del TIO para llamar la atención de la sociedad nacional e internacional sobre el riesgo que en la actualidad sufren los territorios y las comunidades y pueblos que la habitan. La privatización de los territorios y los bienes comunes con fines comerciales constituyen una política que no solo pone en riesgo la existencia misma de las comunidades, sino de la humanidad misma. Buscamos llamar la atención sobre la importancia de reconocer los derechos de la naturaleza como actualmente lo han venido haciendo las Altas Cortes al otorgar derechos específicos a varios ríos del país: Atrato, Amazonas y Cauca.

El Tribunal Internacional de Opinión que se celebrará en Medellín tendrá un carácter independiente, no vinculante desde el punto de vista legal, sin funciones judiciales, que actúa desde los principios humanísticos y éticos que inspiran la conciencia de la humanidad, recogiendo la voz de las víctimas, las organizaciones sociales y las comunidades, como la fuente principal de su investigación y sus pronunciamientos.

El Tribunal Internacional de Opinión (TIO) “Por la defensa de los bienes comunes” tiene cuatro objetivos:

  1. Determinar la responsabilidad, por acción u omisión, del Estado colombiano, empresas públicas o privadas o agentes estatales comprometidos en la comisión de violaciones a los derechos humanos, los derechos de los pueblos o crímenes contra la naturaleza, ocurridos en el departamento de Antioquia, particularmente en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste, suroeste y oriente antioqueño.
  2. Establecer si el asesinato de las lideresas y líderes sociales cometidos en estas regiones están relacionados con planes para favorecer intereses políticos, económicos, militares o sociales en los territorios, particularmente la explotación y comercialización de los recursos naturales.
  3. Develar las estructuras criminales involucradas en la comisión de los crímenes contra la naturaleza y los beneficiarios de dichos crímenes.
  4. Acompañar y respaldar a los líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y organizaciones sociales del territorio que siguen resistiendo por la defensa del territorio y la implementación del acuerdo de paz y luchan por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, propiciando medidas para su seguridad e integridad personal y colectiva.

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