#StandWithThe6: Declaración conjunta de las organizaciones palestinas criminalizadas, asaltadas, cerradas y saqueadas por las fuerzas de ocupación israelíes

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Publicamos la declaración conjunta de las organizaciones sociales palestinas criminalizadas por el gobierno israelí que han sido atacadas en estos últimos días. Toda nuestra solidaridad y apoyo a Al-Haq, Addameer, el Centro Bisan de de Investigación y Desarrollo, DCIP, UAWC y UPWC. Dos de estas organizaciones, Addameer y DCIP, son acompañadas por Paz con Dignidad a través de la cooperación internacional.


18 de agosto de 2022

En la madrugada del 18 de agosto de 2022, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) entraron por la fuerza, allanaron, saquearon y dañaron las propiedades de seis organizaciones de la sociedad civil palestina criminalizadas: Al-Haq, Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Defensa de los/as Niños/as Internacional-Palestina (DCIP), la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC) y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC).

Las fuerzas militares armadas rompieron las puertas delanteras de las oficinas, soldaron losas de hierro sobre sus entradas y colocaron en cada una de ellas una orden militar de cierre inmediato de la organización y de sus oficinas. Se confiscaron bienes privados e información de tres de las oficinas, dañaron las propiedades colindantes y dejaron restos militares, como granadas, botes de gas lacrimógeno y balas reales y otras recubiertas de goma en el entorno de las oficinas. Las violentas medidas tomadas por el gobierno israelí impone riesgos financieros y de seguridad a estas organizaciones, ya que sus finanzas y bienes pueden ser confiscados y los miembros de su personal directamente señalados, detenidos arbitrariamente y encarcelados. La oficina de los Comités de Trabajo Sanitario (HWC) también fue allanada.

Según las órdenes militares, al haber sido designadas previamente por Israel como organizaciones «terroristas» el 19 de octubre de 2021 en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de Israel de 2016, y posteriormente por orden militar el 3 de noviembre de 2021 como «asociaciones ilícitas» según el artículo 319 del Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, se ha ordenado el cierre de las oficinas de las seis organizaciones por ser ilegales. Además, la orden militar también considera ilegales las actividades laborales realizadas dentro de las organizaciones. Las órdenes intentan poner fin a la labor de la sociedad civil de nuestras organizaciones en defensa de los derechos humanos, la documentación de las violaciones israelíes del derecho internacional y la defensa del estado de derecho internacional, excediendo la autoridad concedida al comandante militar en virtud del artículo 43 del Reglamento de La Haya (1907), y violando además las garantías de los derechos humanitarios fundamentales de las personas protegidas en virtud del artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra (1949). Recordamos además la condena de los expertos de la ONU de que el «uso indebido de las medidas antiterroristas de esta manera por parte del gobierno de Israel socava la seguridad de todos».

La incursión ilegal y agresiva de Israel supone una amenaza existencial para la sociedad civil palestina. El ataque pretende desmantelar mecanismos cruciales que trabajan para defender los derechos humanos y acabar con el régimen colonial de colonos y de apartheid de Israel, que niega sistemáticamente al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y el derecho al retorno de las personas refugiadas. El cierre de las organizaciones se produce después de que la comunidad internacional no haya tomado medidas concretas y significativas para hacer que Israel rinda cuentas por haber criminalizado a las organizaciones como graves violaciones del derecho internacional, incluyendo la persecución y el apartheid. Las seis organizaciones criminalizadas hacen un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga urgentemente contra las acciones de Israel, trabaje colectivamente para exigir la anulación de las designaciones como organizaciones “terroristas” que violan las libertades de opinión, expresión y asociación de la población palestina, así como el derecho a no ser detenida arbitrariamente, y exija el fin del régimen de apartheid de Israel, perseguible en virtud del artículo 7.2.h del Estatuto de Roma, y de la ocupación militar de Palestina.

El desmantelamiento de la sociedad civil palestina es una medida peligrosa y represiva, diseñada para anular la investigación, el control y la supervisión de los derechos humanos de las autoridades gobernantes en los territorios palestinos ocupados (TPO), con consecuencias generalizadas y generacionales para la población civil protegida. Los terceros Estados deben intervenir cuando se infringen las normas de ius cogens, que se aplican erga omnes. Esta es la responsabilidad de todos los Estados, para poner fin a las designaciones, como actos inhumanos de un régimen agresivo, expansionista, anexionista y de apartheid, que ejerce todo el aparato militar de la autoridad sin restricciones.

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