¡NO ES UN HECHO AISLADO! DENUNCIA PÚBLICA Popayán- Cauca: Agresiones físicas, sexuales en el marco de la jornada de Paro Nacional

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Agresiones físicas, sexuales, a la libertad personal y fallecimiento de menor de edad en el marco de la jornada de Paro Nacional

 Para transformar hay que recordar: El pasado 21 de junio 2020 se reportó a nivel nacional la violación de una menor indígena de 12 años del pueblo Embera Katío por parte de varios soldados de la Brigada 8 del Ejército colombiano en Risaralda. Meses antes, en marzo de 2020, en Bogotá una mujer denunció el acoso sexual del que fue víctima por parte de un patrullero de la Policía Nacional al interior de un CAI de la Policía. Un febrero de 2020, en Arauca, Guaviare y Meta, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cabeza de Alberto Brunori presentó hallazgos de tres casos de abuso sexual presuntamente perpetrados por integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas. Un mes antes, el 12 de enero de 2020, Elías Miguel Madera Martínez patrullero de la Policía Nacional agredió y abusó sexualmente a una mujer al interior de un bus de la policía en Bogotá. Y la historia continua, hasta llegar a casos como el registrado en 2010 cuando el subteniente comandante de la Patrulla Buitres adscrita a la Brigada Móvil 5, identificado como Raúl Muñoz Linares, asesinó con un machete a los hermanos Torres Jaimes de 6, 9 y 14 años. A Yenny Torres Jaimes, de 14 años de edad, la abusó sexualmente para posteriormente asesinarla.

Es esta la Fuerza Pública que el Gobierno Nacional decidió fortalecer como respuesta a la creciente movilización social en todo el país. A hoy, como resultado de esta decisión se registra: 47 personas muertas a nivel nacional, un aproximado de 500 personas desaparecidas, y cerca de 16 casos confirmados de violencia de género en el marco de las protestas (Temblores ONG 2021). La definición nacional de militarizar los territorios hoy se siente con mayor fuerza en el Cauca a partir de los hechos sucedidos en la noche del día 12 de mayo 2021 cuando al cierre de una jornada de movilización nacional en la ciudad de Popayán, cuatro menores de edad, entre los cuales se encontraban dos mujeres, fueron detenidas en procedimientos irregulares por parte de integrantes de la Policía Nacional. Hoy denunciamos públicamente que las dos menores de edad detenidas fueron agredidas sexualmente.

HECHOS

Mientras se cerraba la jornada de movilización nacional desarrollada el día 12 de mayo 2021, fue detenida arbitrariamente una primera menor que se despedía de la misión médica que acompañaba dicho día y se dirigía hacia su casa. Durante la detención, la menor de edad fue agredida física y psicológicamente por parte de agentes del ESMAD que al detenerla procedieron a golpearla mientras le gritaban “¿por qué no estás en la casa cocinando perra hijueputa?”. Mientras los agredían, los uniformados le tomaron fotografías a ella y al otro menor de edad detenido diciéndoles “los vamos a matar” “los vamos a encontrar”. Una vez transcurridas las agresiones entre las cuales se contemplan patadas en la espalda, pisadas reiteradas sobre los pies descalzos de ambos jóvenes, y una amenazante descripción de lo que querían realizarles con una navaja, solo después de los vejámenes cometidos, los uniformados indagaron por la edad de las víctimas.

Ante la respuesta de los menores de edad, los agentes señalan que los remitirán a la URI y le dicen a la joven que a ella la llevaran primeramente a otro lugar, generando terrorismo psicológico sobre la menor de edad que además es subida a una motocicleta por un uniformado que le dice que la quiere manosear, que la quiere violar, que le quiere bajar los pantalones y que la quiere lamer. La constante violencia ejercida hasta el momento y el temor de tener que enfrentar mayores vulneraciones a sus derechos impulsa a la joven a lanzarse de la motocicleta y abrazar a una persona que portaba el distintivo de defensa de derechos humanos, ante lo cual los uniformados actúan nuevamente utilizando la violencia de manera indiscriminada en contra de dos personas que se encuentran en estado de indefensión. Con el objetivo de proteger la vida de la persona defensora de DDHH, la menor decide soltarse y a pesar de sus síntomas de ahogo y de solicitar en repetidas ocasiones la dejen recuperarse para respirar, los agentes del ESMAD continúan empujándola hacia la URI a la cual es ingresada pasadas las 9:00pm.

Minutos más tarde, la segunda menor que transitaba por el lugar, y que al notar el lanzamiento de gases lacrimógenos se esconde detrás de un muro cercano es detenida violentamente por agentes del ESMAD cuando se encuentra grabando las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en dicho lugar. La violencia utilizada en el momento de la detención a la cual la joven se resiste puede evidenciarse en los videos que circulan en redes sociales y en la grabación en vivo que realiza la prensa presente en el lugar de los hechos, cuando cerca de las 9:30 pm cuatro uniformados sujetan cada una de las extremidades de la menor arrastrándola en dirección a la URI. Horas más tarde esta menor de edad denunciaría en sus redes sociales cómo los uniformados realizaron tocamientos y agresiones sexuales mientras la retienen. Algunas horas después en la mañana del día 13 de mayo 2021, esta menor de edad aparece muerta en su casa.

DENUNCIAMOS:

• El inminente riesgo que enfrentan las niñas y jóvenes colombianas bajo el accionar de una Fuerza Pública que no solo incumple sus deberes constitucionales, sino que refuerza un sistema patriarcal que genera terror a partir de la violencia desplegada sobre los cuerpos de las mujeres.

• La violencia sexual cometida por parte de integrantes de la Fuerza Pública no puede entenderse nuevamente como un tema de CASOS AISLADOS. Este tipo de accionar es recurrente, y se constituye en una barrera para que las mujeres puedan disfrutar de una vida libre de violencias, así como en una grave lesión al Estado social de derecho y a la democracia colombiana.

Ante la gravedad de los acontecimientos descritos que son reflejo de la violencia ejercida para reprimir la protesta social, en donde el cuerpo de las mujeres, como parte del imaginario patriarcal de dominación y cosificación es asumido como botín de guerra, EXIGIMOS:

• A las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes de manera eficaz, exhaustiva y transparente, de manera que se cuente con el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente judicialización de los responsables.

• Al Gobierno Nacional, comprometerse con la apertura de un diálogo social honesto sobre la doctrina militar. Hoy más que nunca es urgente comprender qué sucede al interior de la Fuerza Pública que permite a sus integrantes sentirse con la confianza suficiente para actuar tranquila y repetitivamente de manera ilegal.

• A las autoridades locales, garantizar condiciones para lograr la justicia efectiva frente a los casos registrados; articular esfuerzos de manera urgente para proteger a las familias afectadas y poner en marcha las estrategias necesarias para garantizar que estos hechos no se repitan. Finalmente, instamos a los medios de comunicación a ser cuidadosos en el manejo noticioso, evitando abordajes tendenciosos que puedan reforzar la revictimización de las personas y familias ya afectadas.

Y solicitamos a los organismos internacionales que acompañan la defensa de los derechos humanos en Colombia, rodear el proceso de movilización en el Cauca y estar atentos ante la preocupante situación de violación sistemática de los derechos humanos que viene presentándose en desarrollo del Paro Nacional.

¡QUE LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS, NO NOS CUESTE LA VIDA! RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES REGIONAL CAUCA CORPORACIÓN COMUNITAR

Para ampliar esta denuncia ver : Comunicado Público Ante las declaraciones del Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos actual comandante de la Región 4 de la Policía Nacional

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