Nicaragua ¿Derecha vandálica, o sociedad organizada?

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Artículo de opinión, por Eneko Gastaca Urruela- (27 de julio 2018) 

Desde que iniciara, el 18 de abril de este mismo año, un ciclo masivo de protestas en contra de la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, los sucesos han ido creciendo en gravedad y violencia. Lo que en un principio comenzó como una serie de protestas por el decreto para reformar el INSS, reprimidas duramente por agentes de la policía y simpatizantes del gobierno, ha derivado en una campaña de persecución y «limpieza» de los actores sociales implicados en las protestas.

Bajo el argumento de defensa de la revolución de 1979 y de la paz, el gobierno de Daniel Ortega ha iniciado toda una empresa de difamación, persecución y eliminación de las personas y grupos que se han presentado como críticos con la deriva del ejecutivo. Pero esta postura crítica no es de este año, sino que viene gestándose desde hace tiempo a través de la vanguardia que han supuesto los colectivos feministas y el movimiento campesino en contra de la construcción del canal. Desde que Daniel Ortega, tras su nuevo triunfo electoral de 2007, acercara posiciones con la Iglesia católica y con las grandes empresas llegando a plantear la construcción del canal interoceánico, y desde que se hiciera público el caso de violencia sexual hacia Zoilamérica, hijastra del presidente, los movimientos feminista y campesino han confrontado al ejecutivo y han trabajado para restaurar la esencia revolucionaria del FSLN. Ante esto, la reacción del ejecutivo ha sido ignorar tales demandas y convertir progresivamente al partido político en algo más parecido a un clan familiar, acercándose peligrosamente a la forma de gobierno del pasado somocista.

Son varias las organizaciones que en los últimos años han optado por el funcionamiento autónomo, alejado de las redes de influencia clientelares formadas alrededor del ejecutivo, pero sin dejar de lado las reivindicaciones y la defensa de la vida ante el capital. Y son estas mismas organizaciones, que han visto en la actual crisis una ventana de oportunidad para trabajar por una sociedad más equitativa y por los valores de izquierda heredados de la revolución, las que actualmente están recibiendo las mayores cuotas de persecución y represión. En los últimos días, varias personas participantes de las protestas y campesinos han sido asesinados, organizaciones nicaragüenses de Derechos Humanos han denunciado la existencia de más de 800 desaparecidos, y se han detenido e iniciado procesos judiciales arbitrarios contra diferentes defensoras y defensores de los DDHH.

A pesar de las continuas observaciones y advertencias por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Daniel Ortega no parece tener la intención de cesar estos ataques. Al contrario, en la entrevista concedida al canal Fox por el actual presidente nicaragüense, éste negó cualquier acto de violencia ejercido en las últimas semanas y la existencia de grupos paramilitares a favor del gobierno, algo que implícitamente reconoció en una jornada del Diálogo Nacional cuando el ejecutivo se comprometió a replegar tales grupos. Previamente, se había aprobado una reforma a la ley antiterrorista del país, según la cual se agravan las consecuencias penales para los actos considerados como terroristas, algo que pone en verdadero peligro cualquier muestra de desacuerdo con la gestión gubernamental y cualquier acto de solidaridad hacia las mismas.

Es por todo ello que las organizaciones sociales nicaragüenses se encuentran ahora en un contexto doble: por una parte, la situación las obliga a extremar las medidas de seguridad ante posibles represalias o ataques; por otra parte, precisamente por esa situación urge la denuncia y la búsqueda de solidaridad internacional, la misma solidaridad internacional que se movilizó en tiempos de la revolución, y que desgraciadamente en la actualidad está en peligro debido al análisis inmovilista y dicotómico de actores que ven a la CIA detrás de cualquier crítica a un gobierno autodenominado socialista pero neoliberal en la práctica.

Vista aérea de Managua, una de las ciudades más afectadas por la violencia. Fuente: imagen libre de derechos.

Eneko Gastaca Urruela

 

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