¿Dónde está la paz en Colombia?

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A un mes de acabar el año, el relator de las Naciones Unidas expresaba su preocupación ante la dramática situación que vive Colombia, tras realizar una visita por el país durante 14 días. En los últimos años y con el la firma del Acuerdo de Paz entre FARC-EP y el Gobierno colombiano, la violencia general ha disminuido, sin embargo, se han instalado formas de violencia mas perversas, como es la persecución, criminalización y asesinato de personas líderes sociales.

Esta constante amenaza que persigue a los y las líderes tiene múltiples orígenes, en ocasiones proviene directamente del ejército, otras veces son las multinacionales o grandes empresarios, o diferentes grupos armados (paramilitares, guerrilla o disidencia de FARC). En los últimos meses, además, han aparecido en diferentes regiones del país grupos encapuchados y armados, no identificados que se hacían pasar por disidencia de FARC pese a no mostrar ningún signo de ello y que llegan a las comunidades amenazando a la gente. Precisamente, el mes de noviembre, diferentes organizaciones nacionales e internacionales participaron en una misión de verificación en la zona minera del Sur de Bolívar ante la aparición de un grupo armado de personas que se hacía pasar por disidencia de las FARC y que intentó recopilar información. Durante la misión las organizaciones participantes pudimos observar como el miedo volvía a los rostros de la gente, para quienes este tipo de actividad no es nueva, pero tenían la esperanza de que no volviera a pasar.

En lo que va de año hasta el 17 de noviembre, se han reportado 226 asesinatos a personas lideres y defensoras de DDHH, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).  De ellos, 52 eran exintegrantes de las FARC que se encontraban en proceso de reincorporación y 9 eran familiares de los exguerrilleros. Esta cifra no para de aumentar desde 2016. Según señala el Instituto en 2016, fueron asesinados 97 personas líderes y defensoras de Derechos Humanos, y en el 2017 el número de muertos entre enero y mitad de noviembre fue de 159.

La preocupación por la situación del país desde 2016 va en aumento, más aún en los últimos meses bajo el gobierno de un presidente heredero del uribismo. Aunque el presidente Duque muestra una imagen de querer poner fin al conflicto y dar continuidad al proceso de paz, no predica con el ejemplo. La mesa de negociación con el ELN lleva parada más de un año, el presupuesto y la presencia militar han aumentado, la implementación del Acuerdo sigue sin ser efectiva y la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos es la única opción que maneja.

En este momento tan crítico, la población colombiana resiste y se moviliza. Desde la victoria electoral, Duque ha logrado que miles de colombianos y colombianas salgan a la calle a protestar en marchas, velatones, plantones, etc. Bajo el lema “Somos la resistencia” las ciudades se movilizan exigiendo el cese de los asesinatos a personas líderes, y las comunidades rurales se organizan ante las amenazas diarias.

Hoy, ante la debilidad institucional de un proceso de paz a cuanta gota y un cambio de gobierno abrupto, nuevos actores armados se han rearmado en estos territorios y los representantes de estas luchas no dejan de ser un obstáculo para estos grupos ilegales. Por eso las amenazas no cesan. Y la guerra que se anuncia por parte de Duque, en el marco del nombramiento de la nueva cúpula militar y de policía, la cual se dice tendrá la responsabilidad de implementar la paz con “legalidad”; manera en la que oculta las verdaderas intenciones de dar tratamiento militar a los conflictos armados que aún existen en Colombia. De hecho,  esto se evidencia en el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, los desplazamientos forzados y el sistemático exterminio de líderes/as  en razón de su labor en la búsqueda de la paz y que ha costado en el mes de diciembre el asesinato de 4 líderes indígenas en el departamento del Cauca, así como  el doble asesinato de un líder y una psicóloga el 18 de diciembre en el departamento del Caquetá.

Tampoco se escapan a estas amenazas senadores de la república pertenecientes a los partidos de oposición al gobierno,  a inicios de diciembre circuló un panfleto de las Águilas Negras “Los vamos a matar a todos, les llegó la hora”: Águilas Negras, donde están los senadores Alexánder López del Polo y el Jorge I. Ospina, presidente del Partido Verde.

Como para sumar más mecanismos de terror y violencia, el 18 de diciembre de 2018 se difundió un panfleto en distintos municipios del Norte del Cauca. Este está firmado por el Bloque Capital D.C. de las Águilas Negras donde ponen precio a las vidas de distintos líderes del proceso organizativo indígena del norte del Cauca, en especial a las autoridades, la guardia indígena y a varios líderes del resguardo de Huellas Caloto. El panfleto invita al asesinato de los líderes a cambio de distintas sumas de dinero, recurriendo a falsos señalamientos y al lenguaje del paramilitarismo que todavía hace presencia en estos territorios. Para saber mas, aquí.

En este contexto los y las estudiantes de las universidades públicas (también de algunas privadas)dan luz y esperanza. Tras dos meses de movilizaciones y paros semanales en defensa de la educación pública, los y las estudiantes han logrado un acuerdo histórico cuyo principal logro es el aumento del presupuesto de las universidades públicas, las cuales atraviesas una enorme crisis financiera.

Tampoco han parado las mujeres, quienes durante 2018 han construido una plataforma de Juntanza para participar en las negociaciones entre el ELN y el Gobierno y así lograr poner los problemas de las mujeres en el centro del debate. En esta línea, hace unos días tuvo lugar otra gran victoria para el movimiento de mujeres, el lunes 10 de diciembre se celebró en Bogotá el Primer Tribunal de Justicia Patriarcal de Colombia.

En Colombia enfrentamos el 2019 con gran preocupación frente al aumento de la violencia que se está dando en los últimos meses, pero también lo hacemos sabiendo que la defensa por la paz y los derechos humanos es la única opción, y con la ilusión de que algún día en Colombia se construya una paz digna y plena para todas y todos.

Lara Gil Menés y Blanca Lucía Valencia. Asociación Paz con Dignidad – Colombia

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