Comunicado COLOMBIA: Comunidades de Catatumbo exigen traslado de bases militares ante recrudecimiento de crisis humanitaria

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Como es conocido, la región del Catatumbo cuenta con uno de los más grandes pie de fuerza pública debido al contexto de conflicto armado que ha padecido desde hace muchos años. La alta militarización ha sido rechazada de manera permanente por las comunidades de este territorio debido al aumento de casos de afectación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario -DIH- por parte de la tropa y/o de otros actores armados en el marco de permanentes confrontaciones, que mantienen en riesgo inminente la vida y goce pleno de los derechos de la población civil. 

Esta situación, que se repite en varios municipios de la región, se ha visto profundizada recientemente en las veredas Piedras de Moler, Caño Seco, Vijagual, San Pablito, Quince Letras, Santo Domingo, Ocho de noviembre, Aires del Catatumbo y el casco urbano del corregimiento de San Pablo, Jurisdicción del Municipio de Teorama, Norte de Santander; que desde el mes de julio han sido víctimas de manera reiterada, de diversas afectaciones producto de enfrentamientos desde hasta 3 horas, entre miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de despliegue rápido número 9 BADRA e integrantes de diversos grupos armados. 

En el marco de estas confrontaciones las cuales se extienden por diversas veredas de las mencionadas, donde las viviendas de la población resultan impactadas por proyectiles y artefactos explosivos, se han presentado, además, hechos de allanamiento sin orden judicial y sustracción de dineros de la población civil. Resalta, en confrontación del 1 de julio entre integrantes del BADRA 9 y presuntamente integrantes de la guerrilla del ELN, la muerte del señor Carlos Julio Rojas Criado de 73 años, quién fue impactado por una bala a la altura del pecho mientras se encontraba dentro de su vivienda y la detención y tortura del señor Wilfrido Vargas Vanegas, persona trabajadora y de gran reconocimiento en su corregimiento. 

Estos reiterados hechos ocasionaron el desplazamiento el día 6 de agosto de  2022, de 108 familias de las veredas Piedras de Moler y Caño Seco hacia la cabecera del corregimiento de San Pablo; de estas personas que están ubicadas en la casa campesina, se encuentran: 380 personas en calidad de desplazamiento forzado, de las cuales, 127 son menores de edad (64 niñas y 63 niños), 22 son adultos mayores, 6 son madres lactantes, 5 son personas en condición de discapacidad y las 220 restantes son diversas entre jóvenes y adultos de ambos sexos. Muchas de las personas que se encuentran en condición de desplazamiento forzado, presentan múltiples afectaciones psicológicas. 

Es importante señalar que las afectaciones antes descritas, están directamente relacionadas con la ubicación de la base móvil adscrita al batallón BADRA-No-9, instalada el 18 de marzo de 2018 en jurisdicción de las veredas Piedra de Moler y Caño Seco, corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama. La ubicación de la base se encuentra en (9) predios privados de manera arbitraria a una distancia aproximada de 30 a 500 metros de las viviendas de la población civil, colocando en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades que habitan en estas dos veredas y tres más, por cuya proximidad, al igual que el casco urbano de San Pablo, afecta a sus pobladores. 

Desde la llegada de la base militar, se han registrado de manera continua y permanente combates y ataques entre los militares acantonados en este punto e insurgentes del ELN y Disidencias de FARC, dejado como consecuencia, una serie de afectaciones a la población civil tales como: detonaciones de artefactos explosivos cerca de las viviendas, afectando su infraestructura, principalmente en techos y paredes, de igual forma, las explosiones causan daño a los cultivos y animales; de igual forma, en los caminos y vías se encuentran con frecuencia munición sin explosionar de alta peligrosidad. Así mismo, algunas familias han tenido que recurrir a la construcción de refugios improvisados para salvaguardar su vida e integridad física frente a los constantes enfrentamientos. 

Adicionalmente en varias ocasiones la población civil ha denunciado que los militares llegan hasta sus viviendas señalando, estigmatizando y amenazando a los que allí se encuentren, aduciendo colaboraciones con las insurgencias. Se les ha venido violando de manera continua el derecho a la intimidad, toda vez, que sus viviendas son vigiladas de manera permanente por drones. A esto, se suma la restricción a la movilidad, ya que después de las cinco de la tarde no les es permitido movilizarse por las vías que comunican a las veredas con el casco urbano del corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama; el hurto de cultivos de pancoger y en general, las pérdidas económicas del campesinado ante la imposibilidad de cuidar sus cultivos y/o ganado, por los constantes enfrentamientos y la existencia de artefactos sin explotar en los terrenos cercanos a las viviendas, situación profundizada ante la dificultad para acceder a las fuentes hídricas que suministran el agua para el consumo humano, mantenimiento de cultivos y la cría de animales, ya que estas han sido apoderadas por los militares, impidiendo a los campesinos el libre acceso a las bocatomas para el suministro de agua que benefician a estas comunidades. 

De igual forma se les está restringiendo la movilidad y educación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que a diario deben moverse desde estas dos veredas hasta el corregimiento de San Pablo donde estudian y se exponen, al mismo tiempo a quedar en medio de los combates entre las insurgencias y los militares que están en esta zona; constituyendo una flagrante violación al DIH, por lo que muchos padres de familia optan por no enviar a los menores a los centros educativos. 

Ante estos hechos y los antecedentes, las comunidades exigen el retiro inmediato de la base militar ubicada en las Veredas Piedras de Moler y Caño Seco. La reubicación de la base militar debe darse en un lugar con suficiente distancia de la población civil, en cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario. Así mismo se exigen garantías integrales de retorno de las familias desplazadas a sus fincas, la entrega del territorio ocupado por la fuerza pública, libre de todo tipo de artefacto y/o municiones sin Explotar (MUSE) de tal manera que se garantice el libre tránsito de las comunidades por este territorio, cuya proyección es declararlo reserva forestal para la conservación de las especies endémicas de la región. Lo anterior, debe estar acompañado de un informe por parte de la Personería Municipal y de la Defensoría Regional del Pueblo, sobre las históricas denuncias presentadas sobre la actuación de la fuerza pública. 

Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de San Pablo, Teorama 

Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA 

Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA 

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