Artículo- Del silencio de a la palabra: La lucha de las mujeres mayas por la justicia y la verdad en Guatemala- La cuerda

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Rosalinda Hernández Alarcón / Asociación La Cuerda – Guatemala 


Garantizar la libertad de asociación y de movimiento para la ciudadanía, así como desterrar la impunidad y acabar con los cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos, fueron dos premisas importantes en la construcción de la paz en territorio guatemalteco, pero éstas enfrentan muchos tropiezos.

En los caminos recorridos durante los últimos 23 años, una vez finalizada la guerra, destacan los esfuerzos de miles de mujeres, principalmente indígenas, quienes se han involucrado en la recuperación de la memoria histórica, en la lucha por la justicia y la dignificación de las víctimas. Uno de sus aportes más significativos ha sido la documentación de testimonios que han servido para documentar lo sucedido, explicar diferentes contextos con sus miradas, seguir procesos de sanación de sus cuerpos e interponer denuncias judiciales.

Al explicar cómo han aportado en la construcción de la paz, Liduvina Méndez, representante de Actoras de Cambio, explica: “Nosotras empezamos a trabajar con la energía de nuestro cuerpo para sanar y para transformar nuestras vidas. Hicimos un trabajo fuerte y eso es central, tomamos en cuenta la cosmovisión maya como filosofía que nos conecta con la naturaleza y con todo lo que existe. En este proceso, fuimos recuperando la vida y la fuerza”. Si bien Actoras de Cambio no trabaja procesos judiciales contra los victimarios, otras agrupaciones de mujeres, comunidades y organizaciones acompañantes han llevado a enjuiciamiento más de 20 casos por crímenes de genocidio, tortura y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado interno. Esto fue posible ya que tales delitos fueron excluidos de la amnistía decretada en la Ley de Reconciliación Nacional (1996).

A inicios de 2019, algunos diputados de extrema derecha presentaron una iniciativa para modificar la mencionada ley con el objeto de amnistiar delitos de lesa humanidad y poner en libertad a militares con sentencias condenatorias o en prisión preventiva por casos de graves violaciones a derechos humanos. Este intento se suspendió a raíz de que la Corte de Constitucionalidad resolvió que dicha propuesta violentaba convenios internacionales suscritos por el Estado de Guatemala. Tres víctimas de la guerra interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, entre ellas, Paulina Ixpatá y Pedrina López, quienes siguen un proceso por violencia sexual, en el que están señalados elementos del ejército.

Aunque transformar las condiciones de discriminación y exclusión social que viven las mujeres indígenas en este país se vuelve difícil, ellas forman parte de las resistencias populares. Un ejemplo fue su participación en las jornadas de protesta contra la corrupción y la impunidad de 2015, cuando se logró inculpar por corrupto al entonces presidente de la República, el militar retirado Otto Pérez, uno de los jefes castrenses que firmó la paz.

Ese caso, junto con otros de ex funcionarios de alto nivel de Pérez, ha ido develando cómo se formaron redes ilícitas para apropiarse de fondos públicos, lo que ha impedido la construcción de escuelas, hospitales y caminos, que tanto requieren las poblaciones indígenas. Cabe destacar que en Guatemala la pobreza multidimensional alcanza el 66 por ciento y el 30 la pobreza extrema, según reportes del PNUD.

Un nuevo descontento social se registra en Guatemala tras el establecimiento del Estado de Sitio en 22 municipios del nororiente del país a partir del 7 de septiembre. Esta medida que limita los derechos políticos, genera un ambiente propicio para hechos criminales, incluida la violencia sexual. Se establece supuestamente para combatir el narcotráfico, pero se realiza en un territorio rico en bienes naturales, donde empresas voraces están imponiendo proyectos extractivistas y comunidades asentadas en territorios ancestrales están siendo desalojadas.

En la búsqueda de justicia

Como avances en el acceso a la verdad, justicia y reparación digna se reconoce la instalación de cierta institucionalidad en Guatemala, que se concreta con los Tribunales de Mayor Riesgo (2009) y el sustento jurídico que otorga la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2000), que reconoce las repercusiones desproporcionadas y únicas que sufren las mujeres y niñas a raíz de los conflictos armados.

“La independencia de algunos funcionarios públicos, la lucha persistente de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y el respaldo de la comunidad internacional” han
sido fundamentales en esta lucha, concluye el estudio “Mujeres, justicia y resarcimiento. Violencia sexual en el conflicto armado”, publicado por la Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas (UNAMG) en 2018.

Organizaciones comunitarias y de acompañamiento legal han seguido procesos que alcanzaron sentencias condenatorias o bien se encuentran en fases intermedias. Dos casos sobresalen: ejecuciones extrajudiciales de 535 personas, cuyos restos fueron encontrados en un terreno propiedad del ejército nombrado CREOMPAZ y la violencia sexual contra 36 mujeres indígenas Achi, ambos ocurridos durante la guerra.

Casos

Sentencias condenatorias

Año
Masacre Río Negro

(400 personas indígenas, entre ellas, niñas y niños)

Contra seis paramilitares y ex comisionados militares, responsables de ejecuciones extrajudiciales, aunque ignoró las violaciones sexuales cometidas como mujeres y niñas. 2008
Genocidio contra población ixil Contra el militar retirado Efraín Ríos Montt ya fallecido. 2013
Sepur Zarco

(15 mujeres indígenas q’eqchi’)

Contra un comisionado militar y un paramilitar, responsables de violaciones y esclavitud sexuales. 2016
Familia Molina Theissen

(una mujer joven y un niño mestizos)

Contra cuatro altos jefes militares, responsables por la violación de Emma Molina y la desaparición forzada de Marco Antonio Molina. 2018
Masacre Dos Erres

(177 personas indígenas)

Contra el ex kaibil (militar de fuerza elite) Santos López Alonso, responsable de ejecuciones extrajudiciales, entre otros. 2018

Justicia y diferenciación social

El movimiento feminista ha evidenciado que a las mujeres se les considera como subalternas o ciudadanas de segunda, por ello reivindica su reconocimiento como humanas, con derechos e intereses específicos, no en referencia a los hombres. En ese orden de ideas, se entiende que los crímenes ejecutados contra mujeres hayan sido considerados daños colaterales.

La feminista del País Vasco Irantzu Mendía, critica la ausencia de consideraciones de diferenciación social (género, etnia, clase, edad, etc.) al momento de abordar la justicia transicional, entendida como aquella que sucede tras un conflicto armado y en camino hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En Guatemala hay enormes rezagos en el reconocimiento a las mujeres como sujetos de transformación social, esto explica que los casos de justicia transicional por crímenes cometidos contra ellas demoraron en plantearse.  “No hay párrafo ni texto que pueda abarcar todo lo que implica el recorrido de las mujeres desde el silencio hasta la palabra; desde el llanto ahogado en humo, hasta la búsqueda de justicia. Las acciones de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual han implicado el propio reconocimiento de qué tan terribles son los hechos de violencia perpetrados contra ellas, en sus cuerpos, en sus pieles, en sus entrañas”, asienta el estudio referido de UNAMG, escrito por dos feministas
guatemaltecas, Maya Alvarado y Luz Méndez. Las investigadoras concluyen que, aunque la mayoría de investigaciones reconoce que la lucha por la justicia la suelen iniciar las mujeres, al hacerlo exigen los derechos de otras personas, pero no incorporaban sus propias vivencias de violencia.

El 80% de los testimonios recogidos en los informes “Guatemala nunca más” (1998) y “Guatemala: Memoria del Silencio” (1999), elaborados por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y por la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, respectivamente, provienen fundamentalmente de madres, hermanas, hijas y familiares de víctimas de la guerra. Esto responde a una condición de género que define a las mujeres como seres para los otros, lo que supuso postergar lo vivido en primera persona e ignorar lo que ellas sufrieron en su propio cuerpo: violaciones y esclavitud sexual, abortos provocados, tratos denigrantes, fallecimiento de sus hijos ante la imposibilidad de amamantarlos, trabajo servil, etc.

Lecciones aprendidas

Si bien la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funcionó 12 años en el país, no tuvo a su cargo el modelo de justicia transicional. Lo cierto es que, a partir de los cambios en el Sistema de Justicia y la develación de 60 estructuras criminales, logró avances que contribuyeron a llevar a juicio los casos de genocidio y violaciones y esclavitud sexual. En opinión de Helen Mack, activista pro derechos humanos, “la CICIG tocó el alma de las estructuras criminales, y con su salida existe zozobra porque responde a la alianza de corruptos, que se acuerparon para sacarla del país y así garantizar la impunidad a los poderosos”.

En la lucha por la paz, en los últimos diez años, se ha hecho evidente que las redes ilícitas de hoy tienen sus orígenes en estructuras militares, de tal manera que la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Incumplir los Acuerdos de Paz llevó a que los aparatos de guerra, en lugar de ser desmantelados, se convirtieron en mafias vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas, de las que hoy forman parte militares, empresarios, políticos y delincuentes. Lo paradójico es que en la región donde se demostró que la violencia específica ejercida contra mujeres y niñas formó parte de una estrategia de guerra, ahí se ha decretado el Estado de Sitio.

Una de las lecciones, en opinión de la titular de la Defensoría de la Mujer de la PDH, Dorotea Gómez, es garantizar el acompañamiento a las mujeres indígenas que han decidido llevar a juicio a sus victimarios “previo, durante y después”, ya que enfrentan múltiples dificultades en sus comunidades, donde sufren agresiones machistas y racistas. La decisión de participar en procesos judiciales requiere tomarse con autonomía plena, sin ninguna presión de acompañantes, además el aporte de traductoras es indispensable, ya que hay tensiones por las barreras del idioma.

Hacer una lectura cuidadosa de las sentencias condenatorias es fundamental para difundir lo valioso de las mismas en forma entendible, recomienda la abogada feminista María Eugenia Solís García, quien agrega que su difusión cobra relevancia para “seguir influyendo en el imaginario social su significado y cómo se relacionan con la vida diaria de las personas que queremos la paz”.

Como se describe en el libro “Resignificando los Acuerdos de Paz”, escrito dos décadas después del fin de la guerra, cabe recordar lo dicho por mujeres de diferentes sectores en Guatemala: la paz es atender problemas históricos tales como: la concentración de la tierra en pocas manos, los daños que provocan las empresas extractivistas en los territorios, la falta de oportunidades para ellas, las violencias racistas y patriarcales.

 

Rosalinda Hernández Alarcón / Asociación La Cuerda – Guatemala 


Artículo publicado en el Cuaderno >> RESISTIMOS A LA GUERRA. Cuaderno sobre mujeres y ejercicios de construcción de paz

Cuaderno elaborado por la Asociación Paz con Dignidad y la Corporación Con-vivamos de Medellín (Colombia) en el marco del proyecto “Organizaciones barriales de mujeres de Medellín construyendo paz territorial para una vida libre de violencias”, financiado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2017.  

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