Ramallah, 2 de agosto de 2017.- Se cumple un mes desde que la Presidenta de una de las organizaciones de mujeres más importantes de Palestina, Union of Palestinian Women´s Committee (UPWC), Khitam Saafin fue detenida en la madrugada del 2 de julio en su casa en Ramallah por las fuerzas militares de ocupación israelíes. Al mismo tiempo en otro lugar de la ciudad palestina, Israel detenía a Khalida Jarrar, miembro de la Junta Directiva de la organización palestina de derechos humanos Addameer. Ambas, destacadas lideresas dentro del ámbito social y político respectivamente así como conocidas por su ferviente defensa de los derechos de la población palestina, se encuentran ahora en detención administrativa, Saafin durante tres meses y Jarrar durante seis.

UPWC ha señalado que tanto Saafin como Jarrar han sido ilegalmente castigadas por Israel por su trabajo en la promoción y protección de los Derechos Humanos de los prisioneros políticos palestinos, especialmente durante la última huelga de hambre masiva que duró 41 días durante abril y mayo pasados.

Según Addameer, 6.200 personas palestinas se encuentran en cárceles israelíes, 490 de ellas en detención administrativa. Israel continúa su campaña de acoso a defensores de Derechos Humanos palestinas y palestinos, líderes de la sociedad civil palestina así como miembros del Parlamento Legislativo Palestino, sobre todo cuando se trata de pedir responsabilidades a Israel por los crímenes que día a día comete contra la población palestina.

Khitam Saafin no había sido detenida desde hace más de 20 años y su trabajo a nivel internacional ha sido en contadas ocasiones, por ejemplo en el Foro Social Mundial, donde ha vinculado las luchas a nivel internacional de las mujeres con la lucha de las mujeres palestinas para la consecución de una liberación nacional y social. Khalida Jarrar es parlamentaria desde 2006, anteriormente fue la Directora de Addameer y lleva  a su espalda una larga trayectoria de defensa de los DDHH especialmente de los presos políticos palestino. Jarrar ya ha pasado un año en la cárcel entre 2015 y 2016 y sufre una especial persecución por parte de Israel que incluye también medidas como la prohibición de viajar fuera de Palestina.

Así pues, Novact, Sodepaz, Mundubat, Suds y Paz con Dignidad, como organizaciones socias de Addameer y UPWC denunciamos este nuevo atropello a los DDHH de la población palestina por parte de Israel, exigimos la liberación de Saafin y Jarrar y que Israel cumpla la legislación internacional ratificada así como una mayor presión de la comunidad internacional para hacer valer los convenios de DDHH y su aplicación en Palestina.  

La reacción de diversos colectivos alrededor del mundo no se ha hecho esperar: http://samidoun.net/ y se encuentra abierta una petición global de acción de apoyo a las dos mujeres y también para reclamar su liberación: www.addameer.org

Qué es la detención administrativa

En la Cisjordania ocupada, las fuerzas militares israelíes pueden imponer órdenes de detención administrativa a población civil palestina según la Orden Militar 1651. Esta orden permite que se pueda detener a una persona hasta por un periodo de 6 meses con posibilidad de ser renovado si tienen “razones fundadas de que la seguridad en la zona requiere de una detención”. La detención administrativa supone secreto de sumario, sin dar a conocer los cargos que se imputan y con la posibilidad, casi siempre utilizada, de renovación indefinida de la detención. La utilización arbitraria del mecanismo de la detención administrativa es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de respeto a los Derechos Humanos, particularmente de los artículos 72 y 78 de la Cuarta Convención de Ginebra según los cuáles toda persona tiene el derecho a la legítima defensa. Además contraviene el artículo 66 de esta misma convención ya que la detención administrativa no permite asegurar un juicio justo.  Por otro lado, la transferencia de población reclusa a cárceles bajo administración del gobierno israelí contraviene los mandatos del Derecho Internacional Humanitario según el cual como potencia ocupante no se puede transferir población fuera de su territorio.

Además, el arresto y detención administrativa de Khitam Saafin y Khalida Jarrar contraviene numerosos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos como el derecho a la libertad y seguridad bajo la ley internacional de DDHH (artículo 9), el derecho a un juicio justo y público (artículo 14), el derecho a no ser sometido a una intromisión arbitraria en la vida familiar (artículo 17), el derecho a expresar opiniones bajo el derecho a la libertad de expresión (artículo 19), el derecho a la protesta y el derecho de reunión pacífica (artículo 21) y el derecho de igualdad y no discriminación ante la ley (artículo 26).

 

Más información: www.addameer.org/es  / www.upwc.org.ps

Comunicado original de UPWC: >>aquí

Más información sobre la detención administrativa de Khalida Jarrar: >>aquí

Más información sobre la detención administrativa de Khitam Saafin: >>aquí

 

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