La Coordinadora Andaluza de ONGD, la Coordinadora Estatal de ONGD, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, expresan la más enérgica repulsa por el acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Turquía como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. A los efectos, este acuerdo consolida el modelo de "devoluciones en caliente" que España puso en marcha en Melilla (e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana), a la vez que facilita el ingreso en la Unión Europea de Turquía, donde se suceden los ejemplos de retroceso de los valores democráticos.

 

El trato, que implica devolver a Turquía a todas las personas que lleguen ilegalmente a las costas griegas, incluida la población siria, con el compromiso de traer desde Turquía a un número de refugiados/as equivalente al de expulsiones, consolida el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la UE. La deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política y la incoherencia con sus propias decisiones de la UE, que en septiembre alcanzaba un acuerdo para la distribución de 120.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia. De ellas, casi 17.000 debían haber llegado a España; a día de hoy, sólo lo han hecho 18.

 

La falta de escrúpulos de Europa la aleja de sus valores fundacionales y de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los derechos humanos. Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas, a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del gobierno autoritario de Erdogan, vulnera el derecho internacional en materia de asilo, pero no sólo eso: también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada.

 

En los últimos meses hemos visto cómo la policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera con Grecia; las pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas, sin que la UE haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones; el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria y Hungría; y otros muchas acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como con el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el último Eurobarómetro, publicado la semana pasada (con una media del 65% a favor del apoyo) .

 

Por ello, desde la Coordinadora de ONGD exigimos a la Unión Europea ya los gobiernos de los estados miembros la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios. Así mismo, exigimos vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.

 

 

En definitiva, exigimos y defendemos la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus derechos humanos, que pasan ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asilo.

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Revista Pueblos

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