Espacio de Cooperación para la Paz, Colombia.

 

Bogotá, noviembre 10 de 2017

 

Señor presidente,

 

Como Organizaciones de la Sociedad Civil internacional que hemos estado en Colombia, algunas desde hace más de 40 años, hemos reconocido públicamente la importancia del proceso de paz adelantado por su gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc- que llevó a la adopción del Acuerdo Final, refrendado por el Senado de la República el 30 de noviembre de 2016.

 

Sin duda alguna es un avance hacia la deslegitimación definitiva, en Colombia, del uso de las armas en la política y hacia la construcción de la paz definitiva. Sin embargo, la demora en la implementación de los acuerdos pone en grave riesgo su sostenibilidad a mediano y largo plazo y simultáneamente es un mal precedente para el éxito del proceso que se adelanta ahora en Quito con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-.

 

Las muertes de ciudadanos y ciudadanas colombianas, en varios lugares del territorio, ocasionadas por los enfrentamientos violentos entre la Fuerza Pública y, las comunidades campesinas e indígenas son inaceptables.

 

La política de erradicación forzada de su gobierno, es contradictoria con lo acordado en los pactos colectivos en desarrollo de los Planes de Acción Integral PAI1, lo que genera altos costos humanitarios, el incremento del nivel de riesgo a la vida e integridad de las lideresas y los líderes que construyen paz en los territorios y favorece esta situación de tensión generalizada.

 

La lucha contra el narcotráfico, en Colombia, está ligada a la lucha por la tierra, a la falta de desarrollo rural integral y al desconocimiento de los indígenas, campesinos y afrodescendientes como sujetos de derechos. Desaprovechar la oportunidad, abierta por el acuerdo de paz, de privilegiar la integralidad de la sustitución inmersa en procesos de desarrollo rural integral que incluye inversiones sostenidas en bienes públicos, asistencia técnica, subsidios y mercadeo2, sería lamentable.

 

A las organizaciones firmantes también nos preocupa el incremento en los cultivos de hoja de coca y entendemos la necesidad urgente de buscar soluciones. Por esta razón, hacemos un llamado a:

 

1. Tomar medidas de fondo para que los pactos de sustitución voluntaria que se han firmado se cumplan, recuperando así la confianza, en las zonas más afectadas por el conflicto armado, hacia el gobierno colombiano.

 

2. Suspender la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública donde existen acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y entablar diálogos constructivos con los cultivadores y las cultivadoras de hoja de coca, en desarrollo de lo pactado en el punto 4 del Acuerdo Final.

 

Finalmente, le exhortamos a intensificar los esfuerzos para desarticular las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, incluyendo el lavado de dinero, tal como está establecido en los acuerdos de paz, implementar políticas públicas que no causen daño y tomar las medidas necesarias para contrarrestar la corrupción y la impunidad relacionadas con el tráfico de drogas.

 

Atentamente,

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NOTAS:

 

1 Se han suscrito a la fecha 28 acuerdos colectivos (25.000 familias) en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Cauca, Nariño, Bolívar, Arauca, Valle del Cauca, Córdoba y Vichada

 

2 Según los datos del OCCDI – INDEPAZ en el primer semestre de 2017 se realizaron 90 ocupaciones de erradicación forzada y el 30% de ellas en cultivos de familias que estaban incluidas en los pactos de sustitución firmados con el gobierno.

 

 

Información para correspondencia:

María Cristina Umbarila

Secretaria Técnica

Espacio de Cooperación para la paz

3102107326

 

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