Ricardo Gayol*.

Actualización del artículo publicado originalmente en el Nº 71 de la Revista Pueblos, Cuarto Trimestre de 2016.

Un escenario global de deterioro de derechos.

El Estado español vive un momento de cambios históricos que deberían consolidarse únicamente desde la acción de base y popular, desde los movimientos y organizaciones sociales, y la acción institucional y parlamentaria. El reto no es nada fácil pues las fuerzas conservadoras, herederas del régimen del 78, y a su vez del franquismo institucional, aún ostentan el control de la mayoría de esas instituciones del Estado y autonómicas, así como del poder mediático, para mayor fortuna aún de las empresas del Ibex 35 y otras.

Existe una enorme presión sobre las clases populares de todo el mundo –y  España no es una excepción–  en esta fase superior del capitalismo que es el neoliberalismo, con consecuencias desastrosas como la pérdida de derechos de todo tipo (sociales, laborales y humanos), el empobrecimiento generalizado a favor de un mayor enriquecimiento de la minoría concentrada en el poder económico, y el deterioro medioambiental de forma prácticamente irrecuperable. Y al mismo tiempo asistimos a una peligrosa deriva social y política hacia la extrema derecha en la que quienes sienten que van perdiendo esos derechos creen ver la solución a sus problemas.

 

La cooperación al desarrollo no tiene como propósito resolver problemas globales como la pobreza, el cambio climático, la crisis energética o la crisis alimentaria; es tan sólo una expresión de la solidaridad internacional, que tiene por objeto compensar mediante la transferencia de recursos a los pueblos y países empobrecidos por el efecto del enriquecimiento de otros, tratando así de equilibrar una imaginaria balanza global, y con ello promover su ‘desarrollo’.

Pero tanto el concepto de ‘cooperación’ como el de ‘desarrollo’ están en crisis y como mínimo deben ser cuestionados y debatidos.

En el caso del Estado español, el objetivo original de la cooperación casi nunca se ha cumplido, ni siquiera en el propósito, y en la actualidad es fundamentalmente una política de proyección comercial de las empresas españolas hacia el exterior, o simplemente un instrumento asistencial, que nada cambia la realidad global.

Por otro lado cabe cuestionarse si el término ‘desarrollo’ debe referirse únicamente a nuestro modelo de crecimiento desarrollista, extractivista, dependiente de una sociedad de consumo, y depredador de materias primas, personas y pueblos enteros. Cabe cuestionarse si queremos para otros pueblos el modelo de desarrollo que oprime y esclaviza a nuestra propia población; o si los pueblos deben ser soberanos para determinar su propio modelo.

La burbuja de la cooperación española.

En este escenario las organizaciones sociales que se ocupan de la cooperación al desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), deberían jugar un papel estratégico, por su experiencia, su visión global y su capacidad de incidencia ante unos problemas de carácter estructural que ya afrontaron con anterioridad en otras latitudes, como América Latina. Pero este sector se encuentra también en crisis de sostenibilidad y de identidad, tras más de dos décadas de subvencionismo y gran dependencia económica, que ha puesto en jaque su esencia crítica y solidaria.

Efectivamente parece que el boom de la cooperación durante los años 90 y primera década de este siglo, ha sido una burbuja, simultánea a la burbuja económica en que vivía todo el país, y como tal acabó explotando. Esto lo podemos visualizar mejor si vemos cómo ha crecido y decrecido repentinamente la cooperación en ayuntamientos cuyos presupuestos se elevaron en algunos casos de forma desproporcionada, a partir de la puesta en marcha de las políticas económicas del mal llamado ‘milagro Aznar’ con la liberalización del suelo público en 1998 para propósitos inmobiliarios, coincidiendo todo ello con la fuerte inyección de dinero procedente de la Unión Europea, y los bajos tipos de interés, con la consecuente facilidad de acceso a préstamos bancarios.

Así es que buena parte del sector ha vivido trabajando muy laboriosamente, pero al mismo tiempo dentro de una burbuja, que además le encapsuló del resto de la sociedad en buena medida. Hasta que la burbuja reventó, y muchas ONGD acabaron desapareciendo, o aún están asumiendo el efecto noqueador del golpe.

Un contexto marcado por la desigualdad global.

Hoy vivimos en el Estado español una realidad política y social muy interesante, tal vez con menos movilización social, pero con nuevos protagonistas en las instituciones y en el escenario parlamentario, con una correlación de fuerzas hasta ahora desconocida, y por lo tanto con nuevas oportunidades para una verdadera transformación social.

A nivel global observamos que el actual sistema de mercado globalizado arroja unos datos escalofriantes en cuanto a justicia y equidad global. Nunca la brecha entre países ricos y pobres fue tan abismal, muy a pesar de los más de 50 años de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Y jamás fue tampoco tan profunda la brecha entre personas ricas y pobres dentro de los mismos países. La cantidad de personas, familias y comunidades que se van quedando excluidos del ‘sistema’, es cada vez mayor, en la misma medida que el capital y los recursos en general tienden a concentrarse cada vez más en las grandes fortunas, con la complicidad total de gobiernos, y medios de comunicación.

Frente a esta situación, se sigue teniendo en cuenta el viejo concepto del 0’7% de la Renta Nacional Bruta (RNB), como aporte necesario por parte de los países más desarrollados, aprobado por Naciones Unidas en 1970, para satisfacer las necesidades básicas de toda la población mundial y así acabar con la pobreza. Pero dado el ritmo acelerado de profundización en la brecha entre países ricos y pobres desde esa fecha, y los graves problemas añadidos como las actuales crisis globales alimentaria, energética, ecológica y financiera, esta cifra se ha quedado muy alejada de la realidad, y resulta necesaria su revisión, su actualización.

Pero aún a pesar de que ese 0’7% es una cifra ya superada por las necesidades, este objetivo jamás se cumplió y va en receso: el Estado español ha pasado de invertir un 0,46% de su riqueza en lucha contra la pobreza en 2009 a sólo un 0,13% en 2015, frente a la media de los países de la Unión Europea, que es del 0,47%. Países como Grecia, Irlanda, Portugal o Italia hacen un esfuerzo mucho mayor. Recordemos que aquí hablamos de porcentajes sobre la riqueza del país, de la Renta Nacional Bruta, por lo tanto puede haber crisis o no, y puede haber crecimiento o no, pero el porcentaje y por lo tanto la actitud y voluntad política, sería el mismo.

En 2016 el porcentaje de la AOD subió levemente, situándose en el 0,21% de la RNB; pero hay que señalar que en este leve aumento se incluye la contribución obligatoria a la Unión Europea (UE) y otros organismos financieros internacionales, en los que el Estado español tiene muy escasa o nula capacidad de incidencia. Y sucede que de toda esa AOD sólo una mínima parte va destinada a promover los derechos humanos o generar transformación para el bienestar en la vida de las personas, y muestra de ello es que el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en lugar de aumentar como el resto de la AOD, se reduce en 1,7 millones de euros con respecto al año anterior.

De hecho la mayor parte de esta AOD tiene un carácter que se distancia mucho de lo que entendemos por solidaridad y justicia global, y sirve más para proyectar esa ‘marca España’ de empresas e inversiones en el exterior, concibiendo así la pobreza como un extraordinario nicho de mercado del que se puede hacer negocio. De tal forma que el 65% de la AOD es gestionada por los ministerios de Economía y de Hacienda, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (organismo que en teoría es el que debería gestionar principalmente las políticas de cooperación internacional) gestiona apenas el 34%. En 2011 esta relación era justamente la inversa. La excusa es que estos ministerios gestionan instrumentos de movilización de recursos con carácter reembolsable como el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por lo que no se genera déficit público. Recordemos que estos fondos son créditos ‘blandos’, que generan deuda externa para los países destinatarios, y tienen como objetivo fundamental la promoción de la economía española en el exterior. Este fondo, de acceso arbitrario para empresas, ha contado en 2016 con la nada despreciable cantidad de 375 millones de euros.

En cambio, la parte de la AOD del Estado español que se canaliza a través de la AECID (que es de hecho el organismo especializado para gestionar la cooperación) se redujo en los últimos años de forma drástica, y en consecuencia, el fondo dirigido a la gestión de la cooperación a través de las ONGD para 2016 fue de 17,8 millones de euros, una cantidad ridícula si la comparamos con cualquiera de los ejercicios anteriores a 2011. Es importante mencionar también que esta aportación no sale de la voluntad política del gobierno, sino de solidaridad de la ciudadanía que ha elegido marcar la casilla de Fines Solidarios en su declaración de la renta, por lo que su disponibilidad siempre está supeditada al resultado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Por si fuera poco, se cierne sobre la AECID una grave amenaza que debe resolver lo antes posible, debido a la aplicación de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que establece un nuevo ordenamiento del sector público y supone la extinción de las Agencias Estatales, debido, según la exposición de motivos, a que su autonomía resulta ineficiente y excesivamente costosa. Esa misma ley establece un plazo de tres años para la transformación de las agencias o su extinción. Hasta la fecha no sabemos en qué medida afectará esto a la AECID. Previsiblemente no desaparecerá, pero sí sufrirá notables transformaciones.

Tiempos de indefinición en la cooperación descentralizada.

En cuanto a la cooperación descentralizada hay que reconocer que desde sus orígenes fue una apuesta muy interesante de la más directa participación ciudadana, que permitió concienciar a la población y organizarse sobre las causas de la pobreza, y conocer más allá de los problemas del barrio o el pueblo, gracias al doble acercamiento, por un lado de la realidad de aquellos pueblos en lucha o empobrecidos que requerían la solidaridad internacional, y por otro lado de la gestión misma de la solidaridad que habría que emplearse en forma de cooperación al desarrollo desde las instituciones locales y autonómicas.

Pero algo falló en esa extraordinaria motivación ciudadana inicial en la participación en los consejos locales y regionales o autonómicos de cooperación, y también en las ONGD y pequeñas asociaciones de amistad y comité de solidaridad, porque con el paso del tiempo, la propia ciudadanía implicada fue desinteresándose y distanciándose hasta el punto de que cuando llegó la crisis no quedaba ya casi nadie para defender las políticas públicas de solidaridad internacional y cooperación para el desarrollo.

Después, con las elecciones del 22 de mayo de 2011, la derecha más reaccionaria e insolidaria encarnada en el Partido Popular, obtuvo amplias mayorías en casi todos los grandes municipios y gobiernos autonómicos (Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja…). Durante los 4 años de su mandato, con la excusa de la crisis financiera, la política pública de cooperación al desarrollo desapareció bruscamente y casi por completo en la mayoría de todos esos gobiernos tanto municipales (Madrid, Sevilla, Valencia, etc.), como autonómicos (Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Cantabria, etc.). Esta fue una época nefasta para la cooperación descentralizada y para muchísimas ONGD, algunas de las cuales acabaron desapareciendo, incluidas algunas organizaciones pioneras del movimiento de solidaridad internacional. La mayoría de ellas tuvo que moderar su discurso crítico o ceñirse a lo necesario para simplemente sobrevivir, prácticamente como meras gestoras de proyectos, totalmente institucionalizadas.

Pero desde las elecciones del 24 de mayo de 2015, con la irrupción de nuevos actores en el escenario político municipal y autonómico o regional, las cosas van cambiando poco a poco para la cooperación al desarrollo, aunque no lo suficiente, ni en cantidad ni en calidad. Una vez establecidas las nuevas corporaciones locales y los gobiernos autonómicos, y debido a los tiempos largos de la administración, 2015 fue aún un año casi perdido para la cooperación, si acaso útil para la preparación y definición o recuperación de las políticas e instrumentos ligados a la solidaridad internacional y la cooperación. Por otro lado, la mayoría de los nuevos gobiernos locales y autonómicos, dedicaron sus primeros esfuerzos a resolver las necesidades y emergencias locales, que más demanda tenían por parte de la sociedad. Lo de ‘afuera’ podía esperar un poco, más aún cuando no había una fuerza social aglutinada para defender la urgencia de recuperar las políticas públicas de cooperación. Según el análisis que hace la Coordinadora de ONGD Estatal (CONGDE), la AOD de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se redujo más de un 12%, produciéndose la mayor caída en los gobiernos autonómicos, “que descienden un 16,46% (22 millones de euros menos), frente a un descenso del 3.7% en las aportaciones de las Entidades Locales (2 millones de euros)”, acumulando así un descenso de la cooperación por encima del 70% desde el año 2011.

Muchas entidades locales han dejado de lado definitivamente la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional, en vista tal vez de que no hay una demanda social fuerte en sus municipios; en la mayoría de los casos han desaparecido las concejalías de cooperación, y muchas de las de participación ciudadana ya no dedican recursos de ningún tipo a la cooperación. A ello contribuyeron indudablemente las dificultades impuestas por la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, y la modificación por el Partido Popular y el PSOE del artículo 135 de la Constitución Española que supone un límite al gasto público y prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto en las distintas Administraciones del Estado.

Con cierta esperanza para la cooperación en los llamados ‘Gobiernos del Cambio’.

Los llamados nuevos ‘Gobiernos del Cambio’, en su mayoría establecidos en ayuntamientos a los que llegaron a través de candidaturas de unidad popular, formadas por movimientos sociales y ciudadanos, y algunas organizaciones políticas nuevas y veteranas (Podemos, Equo, IU, PUMJ, CHA, etc.), por su naturaleza de pluralidad y diversidad, una diversidad incluso orgánica, requieren algo más de tiempo para lograr los consensos necesarios para el establecimiento de ciertas políticas. Tengamos en cuenta que en muchos de estos casos se trataba de candidaturas de naturaleza instrumental. Tal es el caso del Ayuntamiento de Madrid en materia de Cooperación al Desarrollo, que sólo a mediados de este mismo año comenzó a poner en marcha algunas de las políticas de cooperación, solidaridad y derechos humanos, aunque la teoría estuvo en el debate desde finales del año pasado.

En los espacios institucionales de los ‘Gobiernos del Cambio’ donde se están estudiando nuevos enfoques para una política de cooperación eficaz y solidaria, como los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Córdoba, por citar algunos, a pesar del retraso, se están produciendo avances interesantes, en clave siempre de derechos universales sociales y humanos, teniendo un marco de definición y actuación fijado en los siguientes cuatro vértices: la participación ciudadana y la descentralización, la democratización de la cooperación, la transversalidad y la coherencia de políticas para un desarrollo humano sostenible, toda vez que se concibe el problema no ya como un asunto de desarrollo y ‘subdesarrollo’ sino de crisis global, por lo que se requiere la implicación de todos los actores de la sociedad; primero para adquirir conciencia de ello, y segundo para tomar medidas y llevarlas a la práctica. La cooperación entonces pasa a ser un asunto de toda la sociedad, porque las causas del empobrecimiento de una parte mayoritaria de la población mundial se encuentran aquí, pero también en gran medida sus consecuencias y sus soluciones. La lucha contra la pobreza o el empobrecimiento, contra su origen, implica necesariamente luchar contra la riqueza que la genera. Se concibe, pues, una cooperación solidaria para la transformación y la creación de una conciencia global, para la formación del ‘ciudadano universal’.

De esta forma, las ONGD deben hacer un esfuerzo para salirse de la concepción clásica de la cooperación al desarrollo, subvencionista y asistencialista, muy poco transformadora; y para integrar esos otros actores, y al mismo tiempo para integrarse ellas mismas en los movimientos sociales de transformación. De hecho, la CONGDE no es ajena a esta realidad y en la pasada Asamblea General adoptó un camino de apertura a nuevas membresías y de confluencia social y estratégica con movimientos y sectores sociales, entendiendo que la cooperación y la lucha contra la pobreza global es una cuestión de interés público y general, en la que las ONGD pueden y deben aportar mucho por su experiencia y conocimiento, pero no puede abordar la integralidad que se requiere.

De esos cuatro vértices que fijan el marco de la nueva política de cooperación en los ‘Gobiernos del Cambio’, las dos primeras implican la más amplia participación ciudadana y la democratización de la cooperación, con la población como protagonista desde sus barrios y distritos. En este caso son las ONGD las que pueden y deben contribuir a su impulso, junto con el impulso por parte de las personas responsables técnica y políticamente de ello en las instituciones.

El tercero de estos vértices, la transversalidad, se refiere tanto a lo social, que se relaciona directamente con el punto anterior, como a lo institucional y orgánico-administrativo; y esto junto con la necesidad de implementar una coherencia de políticas para el desarrollo humano sostenible, en el ámbito estrictamente institucional, supone un reto importante, pero necesario. En la mayoría de las grandes instituciones como los ayuntamientos de las capitales más importantes, la administración funciona a menudo con una lógica de departamentos estancos, con una relación rígida entre las distintas áreas administrativas y políticas sometidas a unos protocolos que los aíslan entre sí, y con unas inercias generalizadas que son muy difíciles de modificar. Conviene ante esto introducir elementos de motivación social y mucha pedagogía para tomar conciencia de la importancia de remar en la misma dirección en beneficio de una causa mayor que es el bienestar global, la cooperación, la solidaridad y la lucha contra la pobreza, especialmente contra sus causas.

En conclusión, en los cambios de las políticas de cooperación de los ‘Gobiernos del Cambio’ la letra y la música parecen muy bien escritas en la partitura, pero queda aún mucho trabajo por delante, para conseguir que la orquesta suene con total armonía en su interpretación final.

Tímidos avances en las Comunidades Autónomas.

En cuanto a las Comunidades Autónomas (CCAA), después del parón en aquellas que dejaron casi a cero la cooperación, o la han eliminado por completo, como Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares o Valencia, con la excusa de la crisis financiera, y con la escasa o nula resistencia por parte del sector (ONGD) muy debilitado, se está produciendo una apertura de canales de comunicación con las coordinadoras de ONGD y otros movimientos sociales, para tratar de recuperar o redefinir los instrumentos fundamentales de esa política, como la elaboración de nuevos planes estratégicos o directores, la reactivación de los consejos regionales o autonómicos, y la publicación de convocatorias específicas para financiamiento de proyectos y programas de cooperación, ayuda humanitaria y de emergencia, y acciones de sensibilización y educación para el desarrollo o educación para la ciudadanía global.

En el mapa político de las CCAA tenemos casos en los que gobierna el PSOE en solitario, pero con el apoyo de Podemos (Castilla-La Mancha y Extremadura), o de Izquierda Unida (Asturias); casos en los que se ha conseguido formar gobierno de convergencia entre el PSOE y las distintas fuerzas políticas transformadoras (Podemos, Compromís, MES, CHA y EH Bildu), como Valencia, Aragón, Navarra o Baleares. Tenemos el caso de Andalucía donde el PSOE gobierna con el apoyo de Ciudadanos, aunque la gestión de la política de cooperación es una cartera exclusiva del PSOE; el de Cantabria donde el regionalismo del PRC recupera el gobierno con el apoyo del PSOE y donde la cooperación no acaba de recobrar la importancia que tuvo en su momento; y los casos en los que el PP gobierna en solitario con o sin el apoyo de Ciudadanos, como Murcia, Castilla y León, La Rioja y Galicia. En Canarias gobierna Coalición Canaria con el apoyo del PSOE, que concede una importancia lógica a la política de cooperación, tanto por razones geográficas como por que reciben en sus costas miles de refugiados subsaharianos. En Euskadi está el PNV al frente del gobierno y de una política de cooperación siempre interesante e innovadora en muchos sentidos, pero insuficiente para las demandas de la sociedad vasca, siempre por delante, pionera y en la vanguardia de la solidaridad internacional. Y por último en Cataluña tenemos al gobierno del Junts pel Sí, que parece querer recuperar la función de la Agencia Catalana de Cooperación que causó importantes desastres por impagos en los últimos años.

En Asturias donde gobierna el PSOE con un apoyo de investidura de IU, la cooperación cuenta con los instrumentos básicos, particularmente el Consejo de Cooperación, el Plan Director y las convocatorias anuales de subvenciones a proyectos de cooperación. El Plan Director finalizó en 2016, y se está trabajando uno nuevo, que sin duda recogerá las bases más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en buena medida sustituirá en ese nuevo Plan a los antiguos y fracasados Objetivos del Milenio (ODM). Y en cuanto al presupuesto, la reducción desde 2010 ha sido drástica, pasando de dedicar 13 millones de euros a 4,5 en 2015 y algo menos aún en 2016. La tendencia sigue siendo el recorte de estas partidas, aunque es verdad que en los dos últimos años en un porcentaje mucho menor.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, también gobernada en solitario por el PSOE, con el apoyo de investidura de los diputados de Podemos, el gobierno está tratando de recuperar la cooperación, con bastantes dificultades, en primer lugar de tipo presupuestario, ya que sigue estando a la cola de las CCAA junto con Murcia, pasando de ser una de las regiones con más financiamiento para la cooperación llegando a destinar más de 45 millones de euros anuales entre 2008 y 2011, a destinar poco más de 2 millones de euros en el presente año, y sin dedicar un solo euro para acciones de sensibilización y educación para la ciudadanía global, tan importantes o más que las de proyectos cooperación al desarrollo en el exterior, si sólo consiste en una transferencia de recursos. Por supuesto, en comparación con la legislatura anterior, esto es un avance importante, ya que representa un aumento del 172%, pero lo cierto es que el gobierno de María Dolores de Cospedal había desmantelado casi por completo la cooperación.

También aquí se produjeron algunos retrasos, debido fundamentalmente a la escasez de recursos de la propia Dirección General de Acción Social y Cooperación; y aún está en marcha el proceso para la recuperación del Consejo Regional de Cooperación, un nuevo Plan Director o Estratégico, y un reglamento u Orden de Bases que sirva de marco para las próximas actuaciones.

En las Comunidades Autónomas de Valencia y Baleares, gobernada por PSOE y Compromís la primera y por PSOE y Podemos la segunda, están poniendo bastante empeño en sacar adelante nuevos instrumentos para el desarrollo de la política de cooperación internacional. En el caso de la Generalitat Valenciana ya hay sobre la mesa una nueva Ley de Cooperación que modifica la anterior, aunque existen importantes críticas por parte de la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) que no vio recogidas algunas de sus propuestas y demandas; y este año se abordará el nuevo Plan Director. Los fondos destinados siguen siendo escasos, y en ningún caso vamos a encontrar partidas que se acerquen en absoluto a las cifras anteriores al crack de 2011. Cabe destacar que en ambos casos, los puntos de referencia, de partida y de llegada, serán siempre los ODS, y de ahí tal vez cada Plan o cada anualidad determine qué parte de esos Objetivos se pretende abordar. Y en gran medida se tendrá en cuenta también la coordinación de las políticas autonómicas de cooperación con el Plan Director de la AECID, incluso con el Marco de Asociación País de la Cooperación Española (MAP) en cada país.

El caso de Andalucía es diferente, ya que a pesar de tener el apoyo para su investidura de Ciudadanos, partido que no se caracteriza por defender ni apostar por la cooperación al desarrollo, el gobierno cuenta con una agencia autónoma con mucha experiencia: la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), que en 2016 consensuó con el sector de la cooperación, representado por la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) el nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2015-2018, muy ambicioso y completo, y que se complementa con instrumentos de seguimiento y evaluación en el mismo Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y con partidas presupuestarias anuales, a pesar de que aún continúan en descenso, pasando del 0,17% del año 2015 al 0,16% en 2016. El mayor problema que presenta la cooperación de la AACID tiene que ver con la aplicación de normas y leyes de otras consejerías del mismo gobierno, como la de Hacienda y Administración Pública, que limitan la capacidad de movilización de los recursos de la Agencia, e impide la normalización de los pagos para la ejecución de los proyectos, lo que llega a poner en riesgo no sólo la sostenibilidad de muchas organizaciones, sino sobre todo la propia viabilidad incluso la pertinencia de los proyectos. Recientemente además, la propia CAONGD inició una campaña para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de su propio compromiso, en materia presupuestaria, ya que para este año continuarán las restricciones económicas, incumpliendo así con el PACODE.

La cooperación extremeña, gestionada por la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID) es un caso interesante. Esta Comunidad Autónoma está gobernada por el PSOE con el apoyo de investidura de Podemos. La aplicación de sus políticas de cooperación y de sus instrumentos es exigente y rigurosa, y como en el resto de agencias de cooperación, muy aparatosa en lo administrativo, y con una reglamentación muy detallada. Pero en cambio desde el punto de vista político ofrece unas posibilidades de cooperación que va más allá de la transferencia de recursos y del asistencialismo. Se trata de una cooperación, como la andaluza, algo más comprometida y solidaria.

Por su parte, el gobierno de Cantabria pasó de un 0,08% del presupuesto para cooperación en 2010 a un 0,01% en 2014, y eliminó por completo la cooperación gestionada a través de las ONGD, exactamente igual que en el caso de la Región de Murcia y Galicia, que cuentan con instrumentos y departamentos específicos pero dedican una ínfima parte de los recursos a la realización de proyectos por la vía participativa. En el caso por ejemplo de la cooperación gallega, se aprobó una partida, ya asignada, por la cantidad de 325.000 euros para proyectos de educación para el desarrollo para dos años, una cantidad absolutamente ridícula no sólo comparándola con años anteriores o con otras agencias, sino con las posibilidades reales de realizar proyectos efectivos con resultados mínimamente visibles y sostenibles.

Llama la atención, por último, la cooperación de la Junta de Castilla y León, una de las pocas comunidades autónomas que durante el período de la crisis desde 2011 mantuvo, con recortes importantes, claro, la política de cooperación al desarrollo, y desde luego, la única de ellas gobernada por el Partido Popular.

En algunos casos, y de forma más notoria en determinados sitios, se da mayor cabida a las empresas privadas, incluso a grandes multinacionales, como nuevos agentes en las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), que no es otra cosa que nuevas técnicas de márquetin y lavado de imagen, que por otra parte, no resulta coherente con una política pública, de carácter no lucrativo, tratándose de empresas con objetivos comerciales, y en muchos casos con prácticas muy alejadas de lo que se pretende resolver, por lo que resulta muy llamativa la defensa que se hace desde algunos gobiernos autonómicos, de lo que es una parte del problema, haciéndola pasar como parte de la solución.

En general, nos encontramos en una nueva etapa en las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, caracterizada en primer lugar por la inestabilidad y la incertidumbre, y por los tímidos avances que sólo suponen una leve recuperación de la cooperación de la pasada década, caracterizada por otra parte por su inflación financiera y falta de coordinación y eficacia.

Por otro lado vemos que como consecuencia de la reducción drástica de los presupuestos de la cooperación, al tiempo que se mantiene en alza la demanda por parte de las ONGD, el nivel de exigencia técnica para obtener financiamiento de proyectos y programas es cada vez más elevado, situando las valoraciones de corte en cotas históricas, como son los casos de la AECID, y la cooperación vasca, andaluza, valenciana, extremeña, etc.

Salvo las excepciones de los ‘Gobiernos del Cambio’ en lo local, y de algunos casos puntuales de gobiernos autonómicos comprometidos con la solidaridad internacional, la cooperación se encamina hacia una vía más asistencialista y menos comprometida, menos participativa, más burocrática y más alejada de la ciudadanía en general, lo que hace que las ONGD se mantengan también en una burbuja, con mucho potencial, capacidad, experiencia y conocimiento, pero muy distanciadas de la población, y con serias dificultades de ejercer una pedagogía crítica.

La profesionalización del sector.

Obviamente son legítimos y necesarios los controles sobre el dinero público, como no puede ser de otra manera, pero tal y como está estructurada la administración, es tal el nivel de exigencia técnica y administrativa, que obliga a las ONG a encerrarse en sus sedes sepultadas entre montañas de papeles, y limita mucho la labor social de las organizaciones, que es en definitiva la promoción de la solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo. Esto además causa una destrucción del tejido social en ligado a conceptos globales como la lucha contra la pobreza global, lo que empobrece mucho a la sociedad, y la sitúa a expensas del populismo xenófobo.

Por otro lado, y ya en lo estrictamente técnico, nos encontramos con que en la búsqueda de la eficacia y el control, se hace más compleja la gestión, por lo que pierde operatividad, y finalmente la eficacia de muchas actuaciones.

Todo esto genera en las propias ONGD una necesidad de profesionalización de la solidaridad, que llevó a miles de activistas a convertirse en gestores, no sólo condicionados por la administración, sino también por decisión propia de las organizaciones, debido a intereses institucionales o de otro tipo, que a menudo entran en conflicto con el activismo y el compromiso político. La solidaridad se ha convertido así en una profesión y un mercado laboral que beneficia más a las organizaciones institucionalizadas que a los territorios a los que se pretende apoyar. Esta realidad no es menos importante y afecta a todo el sector, no es casual que ante el discurso poco comprometido de las instituciones sobre la pobreza (los ODS y ODM tan descafeinados) y la entrada de las multinacionales en las políticas de desarrollo, no sólo no haya habido una seria oposición del sector, sino más bien un acoplamiento interesado por la necesidad de financiar las propias estructuras, en las que ya no hay militantes, sino gestores y becarios o estudiantes en prácticas, que buscan un puesto de trabajo, como por otra parte es legítimo en un sector tan competitivo.

Resulta, sin embargo, esperanzador encontrar iniciativas participativas como las que se están implementando en algunos gobiernos nuevos con propuestas de transformación real, fijando un marco político para la cooperación internacional en los cuatro vértices principales: participación ciudadana y descentralización, democratización de la cooperación, transversalidad y coherencia de políticas para el desarrollo. Por esa vía debemos apostar, haciendo todos los esfuerzos necesarios, participando activamente, aportando nuestra experiencia y nuestro conocimiento que es muy amplio, y nuestra perspectiva global; es la primera vez en mucho tiempo que se presenta una ocasión de transformación real.

Es necesario romper con el carácter escasamente comprometido, y poco coherente de nuestra cooperación, demasiadas veces más asistencialista que transformadora, que perpetúa la dependencia, el paternalismo y no resuelve el problema de fondo estructural de la pobreza y la injusticia global. Como ejemplo de ello, constatamos que desde hace ya más de una década, la cantidad y la magnitud de los desastres ‘naturales’ y catástrofes que se producen especialmente en las zonas más vulnerables, requieren actuaciones urgentes de emergencia asistencial (con compromisos económicos que demasiado a menudo son incumplidos por los gobiernos de los países de mayor renta, como el vergonzoso caso de Haití tras el terremoto de 2010). Y tenemos la impresión de que la cooperación al desarrollo va detrás de los desastres, en lugar de ir delante, cooperando para el fortalecimiento de infraestructuras, o evitando daños humanos. Nuestro modelo de desarrollo, verdadero provocador de esos desastres a escala global, de forma directa o indirecta, era y es incompatible con la cooperación que durante estas décadas se ha ido aplicando, y esa es la primera gran incoherencia que se debe resolver.

Un sector cada vez más sumiso y menos crítico.

El sector, representado en las ONGD, ha caído mayoritariamente, salvo escasas excepciones, en la trampa del subvencionismo y la gestión y burocracia que ello conlleva, hasta el límite de conformarse con la supervivencia, convertidas en simples gestoras de proyectos, atrapadas en una maraña de papeles, informes, evaluaciones, revisiones, requerimientos, subsanaciones, justificaciones, etc. Y frente a la necesidad de mantener el tipo, muchas de ellas recurren a la captación sensibilista de socios mediante empresas comerciales que literalmente explotan a los y las captadores/as, con deplorables condiciones laborales, y trasladan a la ciudadanía una imagen falsa y negativa de la realidad en los países del Sur Global, incumpliendo incluso el código ético de las ONGD en materia de imágenes. O bien colaboran o aceptan la colaboración de grandes empresas y multinacionales que buscan rentabilizar su negocio con operaciones amistosas de marketing, y de paso hacer un lavado de imagen.

Con todo ello, el sector en general ha abandonado la calle (si no es para captar socios), y en la mayoría de los casos el discurso crítico, y la pedagogía necesaria, para hacer comprender a la población la importancia de la solidaridad especialmente en un mundo dominado por el mercado global, o la globalización capitalista, que no trae más que injusticia, desigualdad, pobreza, guerra, hambre, deterioro medioambiental, exilio, y búsqueda desesperada de refugio.

El sector perdió la ocasión de participar en aquel movimiento histórico que fue el 15M, con las ONGD colapsadas como estaban por la burocracia y el subvencionismo, y en muchos casos por la propia pérdida de capacidad crítica. Bien es cierto que muchos de sus miembros sí formaron parte de ese movimiento muy activamente a título individual, pero no hubo una representación visible del sector, ya no solo en las calles sino entre las conversaciones, en los círculos, en los grupos de trabajo, etc. De hecho, en sus primeros momentos el 15M no tenía ninguna reivindicación relacionada con la solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, sino que esto vino mucho después, cuando en los debates de los círculos sectoriales creados se vio la necesidad de interpretar la realidad de una forma global para actuar sobre ella.

Tal vez el sector se durmió en los laureles de la abundancia, o de la ‘sobrefinanciación’ que supuso la inflación de la cooperación durante los años 2.000, hasta que reventó la burbuja de la construcción e inmobiliaria, y con ella la burbuja de la cooperación, dejando decenas o centenares de proyectos a medio hacer y millones de personas sin poder atender. La llamada crisis financiera, fue la excusa perfecta para eliminar de un plumazo las políticas de cooperación, y encontró al sector sin nadie que lo defendiera, porque no estaba preparado para ello, ni la población le acompañó.

Debemos seguir construyendo cooperación, empezando por definir bien lo que queremos que sea y cómo sea esa cooperación; y fomentando el desarrollo humano sostenible, consensuando lo que entendemos por ello, en plenitud de respeto a la dignidad de los pueblos, comunidades y países con los que se coopera. Y tal vez para construir y construirnos, es necesario deconstruir al menos aquello en lo que estemos de acuerdo que no ha sido acertado.

* Ricardo Gayol es miembro de Paz con Dignidad.

Agosto 2017
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Revista Pueblos

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd