Visita de la AVCD a comunidades del Sur de Bolívar, Colombia. Ejemplos de lucha y resistencia por la tierra.

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Con más de 1500 kilómetros de recorrido, el río Magdalena atraviesa Colombia desde la Cordillera de los Andes hasta el Caribe. Sus aguas han sido testigo de un conflicto armado que parece no tener fin y que afecta principalmente a la población rural del país. Durante décadas sus orillas han sido habitadas por comunidades dedicadas a la agricultura y la ganadería, pero también a la minería, el petróleo y la palma. La riqueza de sus tierras, hace de las orillas del río un territorio muy apetecible para las multinacionales, los grupos armados, el gobierno colombiano y aliados, el narcotráfico y los grupos insurgentes.  Un interés que repercute directamente en las comunidades que lo habitan y que se ven amenazadas por los diferentes actores de este nuevo capitalismo voraz y devastador.

Durante el fin de semana del 27 y 28 de Enero tuvimos la oportunidad de visitar junto con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) una de las comunidades que más tiempo llevan haciendo un ejercicio de resistencia y defensa del territorio en la región del Magdalena Medio (la región del Magdalena Medio se ubica entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander principalmente). La comunidad de Micoahumado es un referente en la lucha por la defensa del territorio. En las calles de Micoahumado las historias de desplazamiento, muerte y violencia se repiten. Pero también lo hacen las de resistencia y lucha. Mema, una de las habitantes de la comunidad, relata las horas corriendo bajo la lluvia huyendo de los paramilitares. También recuerda cuando las mujeres de la comunidad decidieron unirse y plantar cara al ELN exigiéndoles retirar las minas que les rodeaban. Mema y el resto de los y las habitantes de Micoahumado saben lo que es vivir en una tierra objeto de los intereses de la guerrilla, los paramilitares y el Estado.

Imagen tomada durante la visita

En este viaje con la AVCD, nos acompañó la Corporación Sembrar, organización con la que Paz con Dignidad tiene una relación histórica. Juntas apoyamos los procesos de defensa de la tierra y empoderamiento de las comunidades campesinas de la Serranía de San Lucas de la mano de las federaciones agromineras y las organizaciones de mujeres. La Serranía es un conjunto de montañas que dan continuidad a la Cordillera Central y llegan hasta el Caribe. Se trata del único bosque del país que sobrevive en sus condiciones naturales. En esta ocasión aprovechamos la visita de la Agencia Vasca para comenzar una de las nuevas actividades que desarrollamos conjuntamente en el Sur de Bolívar y el Sur del César, la creación de un diplomado de formación de formadoras medioambiente dirigido a mujeres de la zona, para que luego repliquen los conocimientos adquiridos en sus comunidades. Para ello nos reunimos con mujeres de los distintos departamentos, quienes nos contaron las principales problemáticas medioambientales a las que se enfrentan: la minería extensiva, el cultivo de palma, las amenazas de fracking y la declaración del territorio como área protegida.

Según nos cuentan la minería se ubica en las partes altas de la sierra. Los y las habitantes se dedican a la minería artesanal y se encuentran en un proceso de reflexión para lograr un menor impacto ambiental. Sin embargo, en las últimas décadas se enfrentan a la minería extensiva mediante retroexcavadoras. Esta práctica destroza los bosques y contamina las aguas, además de suponer una competencia desleal para los/as mineros/as que no pueden competir con los niveles de producción de la retroexcavadora.

En la misma línea, una de las lideresas denuncia: “Las palmeras amurallan el río. Se mueren los peces, no hay oxígeno en el agua”. El cultivo de palma ha eliminado las ciénagas, los caños y ha dejado hambre en un territorio dónde nunca antes había faltado el alimento. En los últimos veinte años el capitalismo ha cambiado la ganadería por la palma. Lo que ha supuesto una pérdida respecto a la riqueza de los cultivos tradicionales y un empobrecimiento de los y las propietarias de la tierra, quienes han tenido que vender o alquilar sus terrenos a las grandes empresas que con la ayuda del paramilitarismo fuerzan a las familias a abandonar el uso de sus tierras. Otra de ellas continúa: “Hace veinte años te comprabas la yuca y te regalaban el pescado, ahora solo hay palma, no hay pescado, reses, etc”. Al mismo tiempo, en el municipio de San Martín los vecinos y vecinas se unen en la lucha contra el proyecto de exploración de hidrocarburos de la empresa ConocoPhillips a través del sistema de fracking. Un proyecto que pese a la negativa de la comunidad y a que todavía no se posee la licencia ambiental para desarrollarlo, cuenta con la complicidad de algunas entidades locales y nacionales.

Imagen tomada durante la visita

Por si no fuera suficiente, en este contexto, el gobierno apura la declaración de la Serranía de San Lucas como área protegida. Un proceso que lleva en marcha desde 2009 pero que se está desarrollando en estos últimos meses bajo la presión de las próximas elecciones nacionales. La conversión de la serranía en reserva natural sirve al capitalismo para el despojo de las tierras, ya que supondría el desplazamiento de todas las comunidades que la habitan. Además ignora los procesos propios de las comunidades por preservar ciertas áreas y reducir el impacto medioambiental del uso que le dan a la tierra.

Ante tales ataques líderes y lideresas se movilizan para defender y cuidar lo que es suyo frente a los diferentes actores del conflicto armado. Desde las primeras conversaciones sobre el acuerdo de paz han mantenido una propuesta como región para participar en las negociaciones como sociedad civil. Un ejercicio de resistencia que tiene graves consecuencias. Su llamado no sólo no ha sido escuchado, sino todo lo contrario, ha aumentado el uso de las fuerzas militares en la región. En marzo del 2017, en plena madrugada se realizó una operación militar para detener a los líderes y lideresas de la comunidad vinculándolos a la guerrilla, el ejército entró en las casas cargando fusiles y pateando las puertas. Las mujeres de la comunidad relatan el miedo permanente, los gritos de sus hijos e hijas, la situación de desamparo cuando se llevaron a sus maridos y el temor a que vuelva a aparecer el ejército en cualquier momento.

Esta es una práctica común del Estado colombiano para criminalizar a los y las líderes sociales.  Mediante la figura del falso positivo  se produce su judicialización acusándoles de participar en la guerrilla. Una práctica que comenzó con el gobierno de Uribe y no ha cesado. El presidente Santos sigue criminalizando la protesta social y la defensa del territorio mediante este sistema. A esta situación se le suma la permanente amenaza de grupos paramilitares financiados por grandes actores económicos. En el Magdalena Medio las amenazas de la guerrilla se intercalan con las de los grupos paramilitares, las del ejército y otros grupos armados con intereses económicos. Mientras resisten por mantener un modo de producción autónomo y sostenible.

Según comprobamos  tras la firma de los Acuerdos de Paz los ataques en vez de disminuir están aumentando. Sirva a modo de ejemplo algunos hechos producidos durante este último mes. El 26 de Enero  la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció la incursión armada de grupos paramilitares que dejó varias personas heridas. Días antes, la integrante y fundadora del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), Blanca Nubia  Díaz fue secuestrada y sedada. El 27 de Enero líder social de Buenaventura Temistoclés Machado fue asesinado, una muerte que se suma a los 98 asesinatos a líderes y lideresas en 2017, y a los 7 que van este primer mes de 2018.

Con el apoyo de la AVCD, desde Paz con Dignidad apoyamos los procesos de permanencia en el territorio de las comunidades, apostando por el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y como líderes en el ejercicio de defensa de la tierra. Lo hacemos desde el fortalecimiento económico, político y organizativo para la participación y el reconocimiento de sus propuestas en el marco de la construcción de paz en Colombia. Porque cómo reclaman desde la región: La paz no puede negociarse sin las víctimas que sufren la guerra.

Imagen tomada durante la visita

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