El día 8 de julio de 2015, fueron detenidas 15 personas en la ciudad de Bogotá de manera simultánea en operativos dirigidos por la Fiscalía general de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, a quienes se les vincula con los atentados ocurridos la semana anterior en la ciudad.
Estas detenciones han generado pronunciamientos desde la Presidencia de la República, entidades del Distrito y Fiscalía General de la Nación, dirigidas a señalar su responsabilidad en tales hechos sin garantizar la presunción de inocencia.
Ante estos hechos denunciamos que la mayor parte de las personas detenidas y judicializadas son reconocidos dirigentes estudiantiles, campesinos, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores y defensoras de derechos humanos que han venido públicamente liderando la defensa de la educación pública, los derechos de los campesinos y la construcción de la Paz. Así mismo, once de las personas detenidas pertenecen a su vez a organizaciones integrantes del Congreso de los Pueblos.
En este momento en el que se abren más posibilidades hacia la paz, representados en los anuncios de cese al fuego que le dan más confianza al proceso, las detenciones realizadas están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en Colombia, y a obstaculizar la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz estable y duradera.
Por ello, exigimos al gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia.