Gota a gota el agua se agota- El Salvador

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Artículo de Edson Wilfredo Reyes Moran, de Fundación para el Desarrollo- FUNDESAEl Salvador.

El pasado 10 de julio el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador publicaba un informe sobre la grave situación que afecta a miles de agricultores/as del país. En el mismo se detallaba que 143 municipios están en alerta roja al romper record histórico con más de 30 días sin registrar lluvias. Además comunicaba que hay 82 municipios que presentan una sequía severa dentro de los 104 recurrentes a sequía por estar ubicados en el corredor seco.

Esta situación refleja la necesidad que existe de implementar políticas y medidas que vayan encaminadas a la adaptación del cambio climático e implementar planes y acciones que disminuyan la vulnerabilidad de los sectores más susceptibles a los fenómenos climáticos derivados. En ese sentido y de forma imperante para contrarrestar estos efectos del cambio climático, las organizaciones sociales como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), han impulsado en el seno de la Asamblea Legislativa una propuesta de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y otra de anteproyecto de Ley de Soberanía Alimentaria. Ambas propuestas contemplan revertir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y el territorio, desarrollar políticas públicas para la gestión climática, proteger la producción de alimentos ante el cambio climático y gestionar de forma sostenible las cuencas hidrográficas. Así mismo, desde el 2006 El Foro del Agua y ahora junto a los movimientos sociales que conforman la Alianza contra la Privatización del Agua luchan porque se apruebe una Ley General de Aguas que garantice una gestión pública del recurso y el acceso al agua a la población; evitando que las grandes corporaciones exploten el recurso de manera indiscriminada y sigan contaminando los ecosistemas; lo que la derecha del país, que vela por los intereses de empresa privada (ANEP), busca desestimar y mermar la lucha de los movimientos sociales.

Para agravar más la situación se calcula, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que la “sequía meteorológica” afectó la producción de maíz en 28,700 manzanas con pérdida total, y 33,290 con pérdida parcial, lo que hace un total de 62,089 manzanas afectadas. Estos datos implican a 77,322 productores de maíz que traducen sus pérdidas a un total de $25 millones de dólares.

El futuro de la situación climática en el país no es nada favorable ya que, según las previsiones de las autoridades para los próximos meses, se registrarán menos lluvias respecto al promedio histórico, advirtieron expertos en meteorología en el Foro del Clima realizado en Guatemala. Estimaron que en octubre podrían tenerse datos acumulados de lluvia “dentro del rango de lo normal” pero en ese mes se inicia la transición de la época lluviosa a la seca aunque según el MARN “el término de la época lluviosa dará inicio a mediados de noviembre”. Además, según las estimaciones de los expertos, durante el siguiente trimestre hay un 55% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, profundizando así la crisis climática con respecto a la lluvia que ya sufre el país.

El panorama actual no es nada alentador para la población rural, que recibe únicamente año tras año un paquete de semilla mejorada y un quintal de abono por parte de las autoridades. Esta práctica asistencialista profundiza y denota la carencia de políticas públicas concretas y estratégicas en el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Sobre medidas de adaptación al cambio climático y protección a los actores más vulnerables cabe destacar que deben adoptar otros modelos de producción sustentables y sostenibles que aseguren el desarrollo de dicha población y eviten agravar más la crisis ambiental del país, que depende en exceso de la producción de monocultivos por medio de uso excesivo de agro tóxicos y plaguicidas, así como también la deforestación indiscriminada de áreas verdes y bosques, exclusivamente para la producción de productos para la exportación, como es el caso de la caña de azúcar, que lejos de beneficiar a la población aumenta la riqueza de las grandes empresas azucareras y atenta contra las condiciones de vida de la población rural.

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