Elecciones presidenciales en Colombia, entre el miedo y la esperanza

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Lara Gil Menés- Técnica de proyectos en Paz con Dignidad- Colombia. 5 de junio del 2018. 

El pasado domingo 27 de mayo se celebraban en Colombia las elecciones presidenciales para elegir al nuevo jefe de Gobierno del país. La disputa se daba entre cinco candidatos, de los cuales, uno de ellos ha sido vendido desde los medios como el claro ganador. Se trata de Iván Duque, candidato del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. En el lado opuesto, se encontraba Gustavo Petro, representante de la izquierda y exalcalde de Bogotá, un líder que ha contado con el mayor apoyo popular y de la gente joven. Petro ha logrado crear un movimiento que llenaba las plazas de cualquier lugar al que fuera. En medio de estos dos se encontraban Sergio Fajardo, líder de la Coalición Colombia y representante del centro político colombiano, Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical y exvicepresidente de Juan Manuel Santos.

Los resultados obtenidos no sorprenden: Duque ha ganado la primera vuelta de las elecciones con el 39% de los votos, un resultado que, aunque le hace ganador no le permite optar a la presidencia y le obliga a enfrentarse a Petro, el segundo candidato más votado con un 25% de la votación.

Estas son las primeras elecciones tras el proceso de paz iniciado por Santos, y por lo tanto era demasiado lo que estaba en juego. Para muchas personas, especialmente para las que lo han apostado todo por la firma del Acuerdo entre las FARC y el Gobierno, la victoria de uno de los dos candidatos de la extrema derecha (hijos ambos del uribismo) supone una grave pérdida para los logros de los últimos años, pero sobre todo implica un riesgo directo para el Acuerdo, las negociaciones actuales con el ELN y los procesos sociales que se vienen dando. Una semana después, digeridos los resultados, parece innegable la victoria de Duque. Entre la campaña contra Petro vinculandolo con Venezuela y la guerrilla, el uso de inmugrantes venezolanos en las calles de las grandes ciudades para infundir el miedo y la compra de votos, se hace muy difícil que gane el único candidato que le ha apostado claramente a la paz. Por eso los y las petristas inundan las calles y las redes pidiendo a los votantes de Fajardo y De la Calle que se unan a Petro.

A pesar de encontrarnos en una etapa de postacuerdo, parece que no hay descanso para Colombia. El conflicto está muy presente en algunos territorios, de hecho, en parte por la cercanía de las elecciones, las regiones dónde el conflicto no cesa han vivido fuertes azotes estos meses. Por un lado, en Nariño, se han dado dos hechos que hacen temblar el proceso de paz y que afectan directamente al proceso que se adelanta con el ELN. En primer lugar, un comunicado del frente Oliver Sinisterra (disidencia de las FARC) daba cuenta de la muerte de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados el 26 de marzo en la frontera entre Colombia y Ecuador. En segundo lugar y en este contexto, el proceso de negociaciones con el ELN entra en su peor momento. El presidente del Ecuador ordena la salida de la Mesa de negociaciones del Gobierno-ELN del territorio ecuatoriano el 18 de abril y renuncia a su condición de país garante de los diálogos de paz; los cuales transcurrían en la ciudad de Quito desde el 7 de febrero de 2017 cuando se instaló públicamente la Mesa de negociaciones.

No es este el único momento crítico por el que ha pasado el proceso, dados a raíz de la suspensión del cese al fuego bilateral y temporal el 9 de enero de 2018, más tarde las negociaciones volvieron a congelarse durante dos meses y se reactivaron el 15 de marzo, después que el ELN decretara un cese unilateral al fuego entre el 9 y 13 de marzo de 2018 como gesto para que las elecciones legislativas en Colombia transcurrieran con normalidad.  Ante este gesto unilateral del ELN, el presidente Santos decidió instalar de nuevo la Mesa de Quito y dar inicio al V Ciclo de Conversaciones. Para este ciclo se acordó que se sesionaría durante 9 semanas, hasta el 18 de mayo. Esto se logró, gracias a la voluntad de las partes en avanzar en este proceso y al respaldo decidido de amplios movimientos sociales, pueblos étnicos, algunos sectores políticos, iglesias y los países garantes y acompañantes, la ONU y otras instituciones de la comunidad internacional. Sin embargo, pasado casi un mes desde que se levantara la Mesa de Quito, el 10 de mayo de 2018 se retomaron dichas negociaciones en La Habana, Cuba y los puntos de la agenda en los que se esperan llegar a un acuerdo al mes de agosto son básicamente tres: Dejar pactado un acuerdo marco para que el nuevo gobierno lo retome; diseñar el cese bilateral al fuego que contenga unos acuerdos humanitarios para el Chocó y Nariño; y el diseño de un modelo de participación de la sociedad civil en el proceso de paz.

El clima político se ha visto marcado por los altibajos en el proceso de negociación, pero también por un gran problema surgido tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC: los grupos disidentes y otros grupos armados están disputándose los territorios que han quedado vacíos por la marcha de las FARC. Y este control afecta directamente a los pobladores y pobladoras de las comunidades rurales, quienes no sólo no ven llegar la paz que se les había prometido y tanto habían peleado, sino que tienen que lidiar con nuevos grupos armados que los amenazan, hostigan y matan.  A los incumplimientos por parte del Estado del Acuerdo de Paz con esta guerrilla, se le agrega la captura de Jesús Santrich pedido en extradición por los Estados Unidos. Este proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso por las actuaciones que desde el Congreso de la Republica se vienen definiendo y por cuenta de las actuaciones de la Fiscalía General, iniciando el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana, cuyas últimas elaboraciones fueron concertadas en la reciente visita del director del ente acusador al país del norte, que amenaza extenderse a toda la excomandancia de las FARC, con el propósito sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano.

Por si fuera poco, en Nariño, concretamente en el territorio de Tumaco, la fiscalía general emitió orden de captura para diferentes personas defensoras de derechos humanos. El viernes 20 de abril, aprovechando la entrada del fin de semana, la policía irrumpió en la casa de muchos de ellos y los desplazaron a Cali para proceder a su acusación. Bajo la mirada y preocupación de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil, durante la semana la mayoría de ellos y ellas fueron liberados, sin embargo, aún hay algunos detenidos. Los cargos que se les acusan, son los mismo para todos, y se dirigen hacia un vínculo con el ELN. Esta operación se enmarca dentro de una estrategia del Gobierno colombiano de judicializar y perseguir a líderes sociales para criminalizar la protesta social y para debilitar el proceso de paz. La preocupación ante estos hechos se agrava debido al aumento de los asesinatos contra defensores/as. “El informe del Sistema de Información de Agresiones contra defensores de DD.HH. en Colombia – SIADDHH, se duplicaron en número de casos con respecto a 2017; denotando un incremento de los asesinatos en un 130% entre enero y marzo de 2018, registró un total de 132 agresiones individuales contra defensores(as). De estas 132 agresiones, el 74% fueron en contra de defensores y el 26% contra defensoras”.

Al otro lado del país, en la frontera con Venezuela, la guerra en el Catatumbo no cesa y la alarma humanitaria va en aumento. Los enfrentamientos entre el EPL y el ELN por controlar el territorio que da acceso a Venezuela van en aumento, generando el aislamiento de las comunidades y su desplazamiento. Ante esto el Gobierno de Colombia ha hecho la vista gorda mientras las organizaciones sociales y la comunidad internacional siguen advirtiendo de la necesidad urgente de acabar con la guerra del Catatumbo, pero parece que es una zona con demasiados intereses económicos cómo para que pueda alcanzar pronto la paz.

Ninguno de los candidatos a las elecciones ha afrontado con contundencia el tema de la paz en sus debates, sin embargo, entre ellos hay importantes diferencias que supondrían la continuidad o no del proceso de paz. En sus declaraciones, Duque ha asegurado que en el caso de ganar realizará cambios en los Acuerdos, entre ellos hay algunos que afectaran directamente a los excomabtientes, a los que no va a permitir participar en política y aumentará las penas de cárcel. Por su parte, Petro se muestra firme en dar continuidad al Acuerdo y las negociaciones con el ELN, y presenta una campaña modernizadora y dirigida a los problemas agrarios, que son una de las bases del conflicto en Colombia.

En este contexto, el país enfrenta una segunda vuelta el 17 de junio en la que Duque y Petro se diputarán la presidencia con una gran diferencia de apoyos. Para lograr ganar, Petro necesita los votos de Fajardo y De la Calle, sin embargo, el primero ha sido contundente en su rechazo a Petro. Y aunque el movimiento petrista grita fuerte, no alcanza para superar la fuerza de Duque, quien ha salido victorioso gracias a una campaña y estrategia política poco clara, marcada por la compra de votos. Lo que se juega Colombia en las próximas semanas es más que un giro a la izquierda o la derecha, es la continuidad de un proceso de paz o la vuelta a un conflicto que cuando parecía llegar a su fin, puede aparecer con la misma fuerza que tuvo en sus peores años.

Lara Gil- Técnica de proyectos en Paz con Dignidad- Colombia. 

 

 

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