Colombia- Comunicado público ante el asesinato de Mario Castaño Bravo

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Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil repudian el asesinato del líder comunitario y reclamante de tierras Mario Castaño Bravo y alertan sobre la grave situación humanitaria y Derechos Humanos por la que atraviesan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la región del Pacífico especialmente en el Bajo Atrato chocoano, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Las organizaciones internacionales de la sociedad civil que suscribimos el presente comunicado, lamentamos y rechazamos el asesinato del líder comunitario y reclamante de tierras Mario Castaño Bravo, integrante de la Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla (Aflicoc) y de la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), ocurrido en la noche del 26 de noviembre de 20171.

Mario Castaño fue víctima de desplazamiento forzado y había recibido amenazas contra su vida en varias oportunidades, razón por la cual le fueron otorgadas medidas cautelares en el 2014 y contaba con esquema de seguridad armado por parte de la Unidad de Protección, adscrita al Ministerio de Interior, una medida que nuevamente demostró ser insuficiente frente a los riesgos que enfrentan los líderes rurales en zonas de conflicto.

Castaño Bravo había denunciado a empresarios legales e ilegales por el despojo de tierras en la región, así como la actuación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo. Participó hace unos días en la instalación de la consulta previa para la reparación colectiva de la comunidad y en la construcción de una demanda de restitución de tierras que será presentada en pocos días.

La misión de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y la situación de derechos humanos en el Bajo Atrato, realizada por el Espacio de Cooperación para la Paz -ECP- en mayo de este año recibió testimonios sobre el incremento del control territorial y la actuación de grupos ilegales después de la salida de las Farc del territorio, particularmente AGC y el ELN y la grave afectación, de su presencia, en la vida y seguridad de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas y para la implementación del Acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

El ECP también alertó sobre la situación de emergencia en Truandó, Salaquí y Riosucio, y el riesgo que se expandiera rápidamente a otros territorios en la zona3, concluyendo que no existían garantías de seguridad para defensores/as de derechos humanos, comunidades, líderes/as de movimientos sociales o movimientos políticos, a pesar de ser una condición necesaria para afianzar la construcción de paz y la convivencia4. Este crimen, lamentablemente, lo reafirma.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Paz de Riosucio5 al día de hoy están desplazadas en dicho municipio 800 familias (3200 personas), y 237 familias están en situación de confinamiento, un 80 % de ellos son indígenas, y se ha comprobado el aumento indiscriminado del uso de Artefactos Explosivos (AE, MAP y MUSE). La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz también ha denunciado confrontaciones armadas entre las AGC y la guerrilla del ELN cerca de La Larga Tumaradó y Curvaradó6.

Como Organizaciones Internacionales vemos con mucha preocupación que, los avances en materia de la implementación normativa de las medidas de prevención y protección previstas en el Acuerdo de Paz y en general con respecto a la responsabilidad del Estado, son insuficientes7 o no existen8, por lo que nos permitimos recomendar al gobierno y Estado colombianos:

1. Asegurar la implementación del Acuerdo de Paz, en especial el Punto 3.4 en materia de protección y prevención a personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales y sus comunidades.

2. Tomar las medidas necesarias para adelantar una investigación ágil e independiente que permita llegar prontamente a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Mario Castaño, así como los responsables de todas las agresiones, hostigamientos, seguimientos, vigilancias y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos y sanción de los responsables.

3. Reforzar los mecanismos de atención, protección y prevención para que sean eficaces, oportunos, adecuados y se apliquen con enfoque diferencial a personas y comunidades defensoras de derechos humanos, de la tierra y el medio ambiente, y evitar así los asesinatos y las diferentes agresiones que sufren estas personas a causa de su liderazgo.

4. Avanzar de manera efectiva en los procesos de restitución de tierras, saneamiento de los territorios y garantías de retorno por las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita Mancilla y La Larga Tumaradó.

Finalmente, y dado el impacto que tiene en la situación general de la zona, solicitamos a la Mesa de Negociación entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN responder positivamente la petición enviada por las comunidades afrocolombianas del Bajo Atrato de habilitar un espacio de interlocución para poder expresarles su temor por el control territorial que ejerce el ELN en su territorio.
Bogotá, diciembre 1 de 2017

Mayores informes: María Cristina Umbarila cooppaz2016@gmail.com

Descargar Comunicado asesinato Mario Castaño

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