Aumenta la represión en Guatemala

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Magdalena Ferrín Pozuelo. Paz con Dignidad- Guatemala

Guatemala, 23 de agosto del 2018.

El 13 de septiembre de 2017, dos días después de mantener la inmunidad al Presidente Jimmy Morales, el Congreso de la República de Guatemala aprobó de urgencia nacional reformas al Código Penal que favorecían a las personas involucradas en casos de corrupción. En concreto modificaron el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas para más de 400 delitos. Esta acción iba claramente en contra del mandato del órgano legislativo de velar por el bienestar común y fue denominada #PactodeCorruptos por la sociedad civil. La movilización popular fue tan fuerte que obligó a legisladores y legisladoras a trabajar en feriado (el 15 de septiembre, día de la Independencia de Guatemala) para retractarse y suspender los acuerdos mencionados. Además de las expresiones de repudio popular en todas las regiones del país y del gran éxito del paro nacional del 20 de septiembre, muchos comercios declararon non gratos a las y los diputados y algunas empresas se desligaron del sector empresarial corrupto.

Foto: CPR-URBANA
Foto: FGER
Foto: FGER

Desde entonces, el Gobierno de Jimmy Morales y el Congreso de la República han tomado medidas para dificultar el trabajo de las ONGDs y en especial las que tienen más marcado enfoque de derechos humanos y han intensificado la represión contra defensores y defensoras en el continuum de violencia que se vive en el país.

Alarma el aumento de las agresiones contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos así como la difamación y criminalización orquestada con el apoyo de medios de comunicación y el organismo judicial. Según el registro de UDEFEGUA, del 1 enero al 15 de agosto de 2018 han sido asesinadas 19 personas (18 hombres y 1 mujer) defensoras organizadas en su mayoría indígenas, en muchos casos con especial saña e indicios de querer infundir temor. La naturaleza inusualmente violenta de los ataques la denunian también desde la ONU: “Nos preocupa que la frecuencia y severidad de estos ataques puedan tener repercusiones en toda la población, enviando un mensaje de que existen consecuencias peligrosas si se defienden los derechos humanos, especialmente dado que estos crímenes a menudo quedan impunes” (Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 7 de agosto de 2018).

Son muchos y contínuos los intentos de denunciar la situación por parte de la sociedad civil guatemalteca. Uno de los últimos, el pasado 19 de agosto de 2018, cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil de Guatemala expresaron nuevamente su rechazo a la represión del Gobierno y los crímenes contra personas defensoras de Derechos Humanos enmarcándolos en una agenda anti-derechos humanos que continúa el #PactodeCorruptos:

Durante el gobierno de Jimmy Morales se ha profundizado la agenda anti-derechos humanos impulsada por agentes de Estado y actores no estatales. La rearticulación del paramilitarismo vuelve a mostrar su rostro contrainsurgente que ha logrado, de forma acelerada, el desmantelamiento de la institucionalidad de la paz, de derechos de las mujeres, de pueblos indígenas y de protección a personas defensoras de derechos humanos.

De allí que los últimos dos años de la vida nacional se caracteriza por diversas acciones que van desde la consolidación del quiebre de las políticas institucionales de derechos de las mujeres, la perversión de los principios del derecho a la consulta de pueblos indígenas, la paralización de la política de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, el impulso de leyes regresivas de derechos humanos y pro impunidad, hasta la arbitraria intervención del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Todo ello, en un marco que incluye el retorno al espionaje por parte del Ejecutivo a la ciudadanía.

 

Rueda de prensa del 19 de agosto de 2018 en Ciudad de Guatemala

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